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Tragedia de Austral: 19 años de una causa que acumula polvo e impunidad


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Se la conoce como la tragedia de Fray Bentos, ya que la aeronave de Austral, que había salido de Posadas y se dirigía hacia Buenos Aires, cayó en proximidades de aquella ciudad uruguaya.

Murieron todos: 74 personas. Las víctimas fueron los cinco tripulantes y los 69 pasajeros.

La tragedia ocurrió en el lejano 1997, cuando Carlos Menem era presidente y el país se regía por el modelo liberal del 1 a 1 y las privatizaciones eran la regla.

Pasaron casi 20 años y aún la Justicia no se expidió. El caso suma polvo y años de impunidad.

El año pasado la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, al resolver un recurso de una de las partes, le indicó al Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 de Buenos Aires que le dé celeridad a la causa.

Dicho a las claras, unos jueces les plantearon a otros que reaccionen, que el caso corre riesgo de prescribir.

A casi dos décadas, el caso está impune. En Comodoro Py, nadie quiere otra injusticia como la que ya se vivió con el caso Lapa.

Por la tragedia de Fray Bentos, anterior a Lapa, hay 28 procesados, entre exmiembros de la firma Austral (en aquel momento dependía de Iberia) y de la Fuerza Aérea Argentina. Había otro acusado, pero ya murió.

Todos están imputados por estrago doloso, figura penal más gravosa que el estrago culposo y que prevé una pena de prisión que oscila entre los 10 y los 25 años.

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Hasta ahora, ninguna tragedia argentina –llámese Lapa, Cromañón u Once– fue condenada como estrago doloso. Todas quedaron con la figura “culposa”.

El juicio por Fray Bentos debía comenzar en 2015, en el TOF 5, pero el debate se viene postergando.

Con suerte y viento a favor, el proceso oral arrancaría recién en 2017, cuando se cumplan dos décadas de impunidad.

Aquel 10 de octubre de 1997, el vuelo había partido de Posadas, a las 21.18, rumbo a Aeroparque. Tras sortear una tormenta, los pilotos encararon hacia Buenos Aires. Nunca arribarían.

El DC Douglas había sido comprado, como parte de un gran lote, por la firma Iberia a los Estados Unidos en los ‘90. El avión era casi una chatarra. Había sido fabricado en 1969, poco después de que el hombre llegó a la Luna.

El sensor de velocidad comenzó a fallar por el hielo. Los pilotos creyeron que el avión volaba más despacio de lo que realmente iba. Y le dieron más potencia, lo aceleraron erróneamente. Para peor, la cabina del viejo avión no contaba con un sensor que les avisara sobre la equivocación. Para peor, no tenían contacto con la torre de control de Aeroparque.

Desplegaron los slats –unas aletas de las alas– y uno se rompió, por lo que el avión comenzó a caer en picada. La aeronave se estrelló, finalmente, en suelo uruguayo.

“Los responsables fueron Austral y la Fuerza Aérea. Ese avión no podía volar y lo dejaron”, señalan las querellas.

El mismo planteamiento tuvo el juez federal Sebastián Ramos al enviar a juicio a los procesados.

La instrucción judicial se valió, entre otras pruebas, del informe de los peritos de Uruguay. En ese estudio se remarca, entre otras cosas, que el piloto tomó decisiones equivocadas cuando aceleró la aeronave, porque se congeló un sistema de medición de velocidad y en la cabina no había, como se exige, una baliza ámbar que alerta sobre tal inconveniente. A la Fuerza Aérea se le reprocha que haya habilitado esa aeronave para volar.

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