Otra vez el Hospital Samic bajo serias sospechas de albergar una red criminal dedicada a la venta de bebés en complicidad con profesionales del medio. Pero esta vez los hechos no fueron registrados en cámara oculta por la televisión nacional, como sucedió en ocasiones anteriores, sino que la Justicia Federal de Santa Fe ordenó el allanamiento y el secuestro de importante documentación que podría probar la existencia del delito de supresión de identidad.
El procedimiento se realizó en la víspera y estuvo a cargo de una comisión judicial con respaldo de efectivos de la Policía Federal y de la División Trata de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación. El juez de Instrucción Dos, Horacio Alarcón, recibió el exhorto desde la provincia de Santa Fe y autorizó el allanamiento, que contó con respaldo de personal de la Policía de Misiones.
Si bien el caso se maneja con sumo hermetismo, fuentes mencionaron que la investigación surgió a partir de la denuncia de una mujer obereña que tiempo atrás fue rescatada de una red de trata y relató que dio a luz varios hijos que fueron dados por muertos, aunque en realidad los recién nacidos habrían sido vendidos en complicidad de enfermeras, médicos y abogados.
Se trata de una trama siniestra y compleja que involucraría a muchos actores y podría derivar en una megacausa por venta de bebés y trata de personas con base en esta localidad.
Según pudo averiguar este diario, la denunciante contó su calvario luego de ser rescatada en Santa Fe, donde radicó la denuncia por el presunto robo de sus bebés que habrían nacido en el hospital de Oberá, antes de ser captada por la red de trata. “El argumento que le hacían contar en el barrio para sacarle los hijos, era que su pareja le pegaba y entonces perdía los embarazos. Así, supuestamente perdió varios. En el hospital se encontró registros de que estuvo dos veces embarazada, pero no figura que haya dado a luz”, indicaron.
En consecuencia, ayer los investigadores hicieron copia de la historia clínica de la mujer y tomaron declaración a profesionales, como obstetras y una ecografista que su momento atendieron a la paciente.
Grave denuncia
Con el material secuestrado y las primeras indagatorias, la Justicia Federal pretende avanzar en la causa y esclarecer el hecho. “La denuncia es muy grave, porque la mujer aseguró que le hacían contar una historia de violencia para sacarle sus hijos, lo que no se puede armar sin la participación de varias personas”, subrayaron.
Por cuestiones de seguridad, la identidad de la denunciante se mantiene bajo estricta reserva.
En tanto, entre otros interrogantes, se pretende establecer si las supuestas agresiones de la pareja de la mujer fueron denunciadas oportunamente por los médicos intervinientes, tal como exige el protocolo médico.
Otro aspecto, no menor aunque parezca macabro, será determinar -en caso de haber sucedido- dónde fueron depositados los restos de los bebés fallecidos, aunque la progenitora insista con que siguen con vida.
En diálogo con El Territorio, el director del Samic, Héctor González, aseguró que desconoce los detalles de la investigación judicial, al tiempo que remarcó que la institución se puso a la disposición de la Justicia para que se investigue el hecho.
“No tengo precisiones de cuándo habrían ocurrido los hechos en el hospital. Lo que puedo decir es que la mujer es de Oberá y estuvo en Santa Fe. En base a los registros y la historia clínica se determinó que se atendió dos veces acá, pero no que haya tenido familia”, mencionó.
Por su parte, otras fuentes recordaron antecedentes relacionados a la presunta venta de bebés en el nosocomio y aseguraron que la práctica persiste.
“Cada vez que sale un informe periodístico, lo único que pasa es que los involucrados se cuidan más y buscan nuevos métodos. También se hace todo más caro, pero hay verdaderos criaderos de panzas al mejor postor”, graficaron.
Los implicados serían muchos, y también las estrategias, tanto en el ámbito público como en el privado.
“Los peores casos son los embarazos simulados. Mujeres que se internan con una panza falsa y salen con un bebé de otra y con el DNI con su apellido. Son muchos los cómplices, cada uno hace su trabajo y cobran muy bien. Una ecografía sale el triple, lo mismo una cesárea y la internación. Todos facturan y nadie dice nada, mientras algunos abogados andan a la caza de panzas”, lamentaron.
Caso testigo
En marzo del 2009 un informe periodístico de Canal América de Buenos Aires implicó a una técnica radióloga del Samic con una red dedicada a la venta de bebés.
“Porque si querés un bebé, te digo, tenés que contar con 30 mil pesos… pero te lo llevás”, aseguró Mirta G. en cámara oculta.
El informe alertó a las autoridades y la entonces diputada provincial Sandra Montiel radicó una denuncia penal contra dos funcionarias públicas por supuesta instigación al delito de “supresión de identidad”, ya que además de García, también se vio implicada la empleada municipal Nilda G.
Pero la radióloga logró sortear sucesivas sanciones impuestas por las autoridades de Salud Pública y mantuvo su puesto.
De todas formas, ante la gravedad de la acusación y la contundencia de la prueba, el sumario administrativo siguió su curso y, en octubre del año pasado, el entonces gobernador Maurice Closs firmó un decreto declarando cesante a la citada agente.
El decreto 1226, del 2 de octubre del 2015, lleva la firma de Closs y del entonces ministro de Salud Pública, Oscar Herrera Ahuad, actual vicegobernador de la provincia.
Pero en febrero pasado la radióloga se vio beneficiada con un recurso de amparo y retomó su puesto laboral, como confirmaron desde la dirección.
La resolución de la Justicia, que generó el airado repudio de profesionales y personal del nosocomio, contradice claramente las directivas emanadas por parte de las autoridades del Ejecutivo provincial a partir de la extensa investigación administrativa.
Actualmente, a pesar de la seria acusación y las pruebas en su contra, la citada profesional continúa trabajando en el Samic.
Fuente: territoriodigital
