El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a prisión perpetua a dos ex policías y nueve ex militares, aplicó penas de 6 y 18 años de prisión para otros dos imputados, y absolvió a los tres restantes, en el marco del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad desarrollado en la provincia de San Juan. El debate, conocido como “Megacausa II”, comenzó en marzo del año pasado y fue la consecuencia de la unificación de un conjunto de causas que tramitaron de forma separada en la etapa de instrucción, con un total de 205 víctimas. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales generales Francisco Maldonado y Dante Vega, titulares de la Fiscalía General de San Juan y de la Unidad de Derechos Humanos de la jurisdicción Mendoza, respectivamente. La lectura de los fundamentos tendrá lugar el 10 de diciembre a las 12 horas.
Entre los condenados está el militar misionero Jorge Antonio Olivera, quien el 25 de julio de 2013 se escapó del Hospital Militar porteño junto a Gustavo Ramón De Marchi y recién fue recapturado en enero de 2017, en la casa de su ex mujer en la localidad bonaerense de San Isidro.
Los hechos ventilados durante el debate se centraron en la ejecución del terrorismo de Estado en la provincia de San Juan, que conformaba el Área Militar 332, con jefatura en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), dependiente del III Cuerpo del Ejército. Bajo el control operacional del RIM 22 funcionaron centros clandestinos de detención la Penitenciaría de Chimbas y la alcaidía de mujeres de la policía provincial, el edificio de la antigua Legislatura, la Central de Policía de la provincia, “La Marquesita”, en las inmediaciones de aquella unidad militar, y el propio RIM 22.
“Si bien en San Juan no existieron grupos parapoliciales fuertemente organizados como en otras provincias, la temprana represión estuvo claramente institucionalizada, toda vez que fue la Policía de San Juan primero, y luego el Ejército Argentino también, quienes ejecutaron estas tareas represivas, con suma violencia y con la certeza de impunidad que brindaban el apoyo estatal y la clandestinidad en la que se producían estos delitos”, indicó el fiscal Maldonado en su alegato.
Con distintos grados de participación y según los casos, los acusados fueron considerados responsables de asociación ilícita, homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, violación agravada, abuso deshonesto y violación de domicilio. Seis de los 21 imputados con que se inició el debate fallecieron o bien fueron apartados por razones de salud.
Las condenas a prisión perpetua recayeron en el ex jefe de inteligencia de la policía de San Juan, José Hilarión Rodríguez; el ex oficial de esa fuerza Juan Carlos Torres; el ex jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Coronel; el ex jefe de inteligencia del RIM, el misionero Jorge Antonio Olivera; los ex integrantes de la Compañía “A” del RIM 22 Eduardo Daniel Vic y Juan Francisco Del Torchio; el ex jefe de Operaciones del RIM 22 y jefe (durante tres meses en 1976) de la Policía provincial, Rubén Arturo Ortega; el ex sargento de la Banda de Música del RIM 22, Osvaldo Benito Martel; los ex integrantes de la Compañía “C” y “Arsenal”, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Rolando Gómez; y el ex miembro de la Compañía “Arsenales”, Eduardo Daniel Cardozo. El ex suboficial de la Policía Federal Juan Alberto Aballay recibió seis años de prisión, mientras que el ex teniente Juan Carlos Méndez Casariego fue condenado a 18 años de prisión. Fueron absueltos Nicolás Dalmacio Manrique, Pedro Eduardo Blanco y Elías Lucio Arrancio.
El Tribunal ordenó la extracción de testimonios ante la posible comisión de delitos de acción pública por parte de personal de Gendarmería Nacional que prestó funciones en la provincia de San Juan entre 1975 y 1978.
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