El precio oficial de la garrafa de 10 kilos en las distribuidoras debe ser de $220, sin embargo, la mayoría adoptó por venderlas a $300 en boca de expendio y el precio llegaría a $400, a domicilio.
El valor oficial fue establecido de acuerdo a una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que data de marzo de 2018. Nunca fue modificada.
Pero, el problema está en la indefinición del organismo nacional, que todavía no aumentó el precio pero dio a entender que sí lo hará desde el 1 de enero retroactivo. Esto fue informado a los fraccionadores después de la salida de Javier Iguacel, quien estuvo al frente de la Secretaría nacional hasta hace unas semanas atrás.
En Misiones, las distribuidoras ya aplicaron una suba porque los fraccionadores envían la factura con el precio oficial, pero con una cláusula que dice “precio sujeto a reajuste”. Entonces, “las distribuidoras cobran con recargo porque si venden al precio oficial cuando reciban el reajuste (que puede darse o no) habrán vendido a pérdida”, comentó una fuente cercana al Gobierno provincial, quien añadió que “el control lo debe hacer Defensa al Consumidor. Son unas siete distribuidoras, que deben respetar el precio fijado por la Secretaría de Energía”, afirmó.
Por el momento, en el Gobierno provincial no tienen información que alguna distribuidora haya sido “multada” por el incumplimiento de precios. La falta de control termina afectando al consumidor, que debe pagar lo que dispongan los empresarios.
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