Se cumplen hoy diez días de la detención de Alberto José M. (46), jefe de inspección de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo), cuya situación penal se agravó a partir del cambio de carátula de la causa relacionada con las armas sin registrar que fueron secuestradas durante el allanamiento de su domicilio, en el barrio Villa Ruff de Oberá.
Paralelamente, el mismo sujeto afronta cargos por dos vehículos con denuncias por robo en Buenos Aires que fueron encontrados en su poder y la suma de 15 millones de pesos, entre moneda nacional y extranjera, que estaban dentro de un maletín en su casa.
Con relación a las armas sin registrar, el detalle de lo incautado incluye una escopeta marca Boito, calibre 12,76; una carabina Lake a repetición, calibre 22 con silenciador y mira telescópica; una escopeta de un caño Rossi Cia; una escopeta doble caño sin inscripciones visibles; un revólver marca Rossi 38 Especial con número limado y con cinco cartuchos colocados; una pistola semiautomática Colt, calibre 45 sin inscripción visible y cargada, y una carabina marca Centero calibre 22.
Asimismo, en la vivienda del detenido hallaron casi 1.500 municiones, un dato que sorprendió a los efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía de Misiones que estuvieron a cargo del operativo.
Por ello, lo que en un primer momento fue caratulado como “tenencia ilegal de armas”, con el avance de la instrucción se amplió a “acopio de armas”, delito que tiene una pena de cuatro a diez años de cárcel.
En consecuencia, el Juzgado de Instrucción Uno se inhibió por razones de competencia y la causa pasó al Juzgado Federal de Oberá.
Más balas que la Policía
Tal como viene publicando El Territorio, por la complejidad de la causa que se inició por presunta infracción a la ley de estupefacientes, tras la captura del sospechoso el Juzgado de Instrucción se hizo cargo de la investigación de las armas y los vehículos robados, mientras que el Juzgado Federal avanzó sobre el origen de los 15 millones.
Ahora, ante el agravante que implica la figura del acopio de armas, el cuerpo principal del caso pasará a depender del fuero federal y la Justicia provincial investigará la cuestión de los rodados con pedido de captura.
Fuentes con acceso al expediente confirmaron que el miércoles se elevaron las actuaciones al Juzgado Federal, donde oportunamente deberá comparecer el detenido, quien permanece alojado en la Seccional Tercera.
En tanto, se estima que recién la próxima semana podría ser indagado por el juez José Luis Casals, quien esta semana volvió a subrogar el Juzgado Federal de Oberá.
Sobre la situación del implicado, habría elementos para imputarlo por acopio de armas y municiones, y lavado de activos, lo que complica seriamente su situación.
Además de las siete armas sin registrar, las fuerzas de seguridad dieron con más de mil municiones para pistolas 9 milímetros. También encontraron balas 11.25 para pistolas conocidas como calibre 45 y cartuchos de escopeta.
Para graficar la cantidad de munición hallada, mencionaron que es más de lo que poseen en conjunto los efectivos de toda la jurisdicción de la Unidad Regional Dos.
Excarcelación rechazada
Para los investigadores existen indicios que avalan la hipótesis de una estructura criminal de proporciones.
En ese contexto, la Justicia de Instrucción rechazó el pedido de excarcelación solicitado por la defensa del empleado de la Celo, puesto que estando en libertad contaría con recursos y medios para entorpecer la investigación en marcha.
Como era previsible tampoco prosperó la estrategia defensiva que intentó probar que las siete armas sin registrar provienen de una herencia familiar ni que parte del dinero fue ganado en el casino.
En cuanto a los rodados, se trata de un Chevrolet Captiva y un camión Ford Cargo, ambos con pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.
Con relación al efectivo confiscado, trascendió que se trataría de 305 mil dólares en efectivo, alrededor de 200 mil pesos, 20 mil reales y poco más de 10 millones de guaraníes. Según la cotización de las diferentes monedas, el total ascendería a 15 millones de pesos.
Además de trabajar en la Celo, Alberto José M. fue corredor en el automovilismo provincial e integrante de la comisión directiva del Automóvil Club Oberá (ACO) y tesorero de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad).
También es conocido por su pertenencia sindical y participación en política, al punto que en el año 2007 fue candidato a intendente de Oberá.
Certificado y amenazas
Tal como publicó este matutino, el último martes un empleado que se desempeña en el sector personal de la Celo denunció que recibió una seria amenaza a través de un llamado telefónico en su lugar de trabajo.El damnificado mencionó que se trataría de una represalia por la difusión del certificado médico de Alberto José M. emitido el mismo día en que fue detenido.Dicho certificado lleva la firma de un conocido traumatólogo local que prescribió diez días de “reposo por dolor lumbar”, lo que generó innumerables suspicacias.
Nueva acusación y posibles penas
Según el Artículo 189 bis del Código Penal, correspondiente a delitos contra la seguridad pública, “el acopio de armas de fuego, piezas o municiones de éstas, o la tenencia de instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años”.En tanto, para los delitos contra el orden económico y financiero se indica que se prevén penas de tres a diez años de cárcel.
