Corredores Viales S.A. vuelve al ruedo y se hará cargo de unos 3000 kilómetros de rutas de los corredores 3, 4, 6, 8 y parte del corredor 2.
El corredor 3 está en manos de Autovía Bs. As. a los Andes SA, el 4 de Carreteras Centrales de Argentina, de las empresas Lemiro Pablo Pietroboni y Luis Losi. El 6 es Caminos del Paraná, de la Corporación América. El 8 está bajo una concesión denominada Corredor Central y el 2 la concesión la tiene la compañía Corredor de Integración Pampena.
Se trata de diferentes tramos de las rutas nacionales número 9 y 34 (en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy); 188 (provincia de Buenos Aires); 19 (Santa Fe y Córdoba); 12 (Corrientes y Misiones); 16 (Corrientes y Chaco); de la ruta nacional 8, entre la provincia de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, y de la 36, en Córdoba.
Con este cambio la S.A. se hará cargo de la operación «así como del manejo de los fondos provenientes de dichas concesiones». Es decir, de la recaudación de los peajes.
En el caso de la ruta nacional 12, la estatización va desde la intersección de la ruta 123, en Corrientes hasta Posadas y de Posadas hasta el puente Tancredo Neves, en Puerto Iguazú por la ruta nacional 12.
Pero en el decreto presidencial también aparece la ruta 105, hasta ahora concesionada por el Estado provincial, desde el nodo Garita hasta el empalme con la ruta nacional 14. Ambos tramos “serán incorporados” al corredor vial una vez finalizada la obra por parte de la Entidad Binacional Yacyretá y cuando culmine el plazo del convenio con Misiones.
El contrato por el que el Estado nacional se hará cargo de la operación y mantenimiento de los 3374 kilómetros en distintos tramos de rutas en 11 provincias será por un plazo de «cinco años o hasta que se liciten bajo el modelo que se plantee», explicó Ricardo Stoddart, gerente de asuntos jurídicos de Vialidad Nacional.
En diciembre de 2017, cuando se rescindió el contrato de concesión del Acceso Riccheri a la empresa AECSA, Corredores Viales asumió la explotación integral del Acceso hasta que finalmente se lo entregó a la nueva empresa contratista PPP, en agosto pasado.El otro punto en discusión por parte de algunos sectores de la oposición y del sindicato de vialidad que se oponen a la S.A es que el decreto que creó Corredores Viales S.A. la autoriza para que participe de licitaciones sin tenes que cumplir con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la ley de Contrataciones Públicas ni la ley de Obras Públicas.
FUENTE ECONOMIS
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