El sistema judicial se encuentra atravesando un difícil momento. Las demoras en las resoluciones -producto de falta de personal e infraestructura- y las caída en la credibilidad de los agentes hacen que la mayoría de aquellos que tienen problemas, opten por buscar cualquier otra alternativa antes que acudir al sistema de Justicia.
Esto es lo que se desprende como conclusiones de un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Se trata de un estudio que demuestra que, frente a un problema jurídico de cualquier índole, en los dos últimos años el 53,6 por ciento decidió no iniciar acciones legales y tratar de solucionarlo por su cuenta, mientras que el 46,4 por ciento restante sí acudió al sistema de Justicia.
Asimismo, de ese 53,6 por ciento que no realizó denuncias, un 73,6 por ciento tenía conflictos por derechos sociales, un 68,3 por ciento por derechos económicos, un 48,3 por ciento problemas familiares y el 39,3 por ciento por problemas de inseguridad.
No obstante, otro de los datos más graves que determina el informe de la UCA, refiere a que del total que realizó acciones judiciales, más de la mitad no estuvo satisfecho con la atención recibida.
De esta forma, el 57,5 por ciento adujo no estar conforme en contraposición al 42,5 por ciento que sí lo estuvo.
El estudio indica además que la dificultad para acceder a la Justicia se profundiza en sectores pobres.
Prestigio
“La Justicia ha perdido su prestigio, no sólo se le reclama por la demora, sino también independencia”, sostuvo Juan Manuel Fouce, presidente del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis).
En diálogo con El Territorio, ratificó que los datos que se desprenden del informe de la UCA devienen de la búsqueda de las personas de “alternativas, ante la no obtención de resultados por parte de la Justicia”.
En ese sentido, adujo que para volver a tener credibilidad ante la población, es necesario trabajar en la transparencia de los actos y fallos, tener más estadísticas, publicidad de lo que se hace”.
Un ejemplo de esta necesidad es la emanada desde la Cámara de Representantes de la Provincia, que aprobó una ley para que sea obligatoria la publicación de todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas del Superior Tribunal de Justicia (ver Publicación por ley).
Sin embargo, Fouce aclaró que todo esto se debe lograr necesariamente con el trabajo conjunto de todos los actores y agentes que hacen al sistema judicial.
“No hay planteo judicial que se pueda hacer sin un abogado y si bien, los empleados judiciales hacen grandes trabajos, se debe bregar por la labor conjunta”, especificó.
Desconocimiento
Otro de los puntos importante que determina el informe de la UCA tiene que ver con la diferencia socioeconómica y el desconocimiento ante las posibilidades de acceso a la Justicia por parte de la población.
En los estratos más bajos de la población se registra la mayor cantidad de gente que no hizo nada respecto a algún problema que tuvo (32,5 por ciento), siendo también el menor número que buscó algún tipo de ayuda (63,2 por ciento), en relación a otros niveles económicos.
“Se tiene que hacer más difusión, con ello se va a permitir la llegada de la Justicia a la gente, demostrando que es accesible”, indicó Fouce.
Al tiempo que remarcó: “Se tiene que insistir en medidas más rápidas, que en ciertos casos pueda llegarse a una resolución en dos meses. Pero para ello es necesario un trabajo de los abogados, la Justicia y la sociedad, sentarse a discutir las posibilidades”.
“La Justicia cuando es lenta llega de forma abstracta, tardía y es lo que la gente reclama, contar con la justicia cuando la necesita”, concluyó.