A la pandemia que pone en riesgo la salud se le suman otros males, como los problemas económicos y de inversionistas especuladores, además los ataques y lobbys mediáticos.
La presión y necesidad de la apertura de las actividades económicas se presumen que no son la principal fuente de contagio del virus Covid 19, pero sí la movilidad social en torno a las visitas familiares, de amigos y fiestas. Y también aquellos que no tienen nexo epidemiológico y se contagiaron del virus, sin saber dónde ni cómo. Lo cierto es que los contagios aumentan y las muertes también, y hoy como un nuevo dato estadístico más de la nueva normalidad se mira la evolución y disposición de camas en las unidades de terapia intensiva y las que están disponibles para evitar llegar a la saturación el sistema sanitario, que traería mayores inconvenientes y la inhumana decisión que deberán tomar los médicos en caso de que los casos graves del virus superen la capacidad hospitalaria en decidir a quién tener en respirador y a quienes dejar morir y quienes vivir.
La nueva normalidad instalada, e impuesta al gobierno nacional, que se debe manejar no solo con las presiones económicas y empresariales, sino con las necesidades, mientras otros sectores siguen esperando poder iniciar sus actividades, y otras, poder recuperar parte de lo perdido para hacer frente a las deudas, más allá de la presencia del estado pagando gran parte de los sueldos, otorgando créditos a tasas blandas, nada llega a ser suficiente y es más que nada para el sostenimiento de la economía, hasta que vuelvan a movilizarse todas las fuerzas de la economía mediante la intervención del estado, que mediante la realización de la obra pública, inversiones e incentivos en las áreas de producción y consumo, como los rubros textiles, alimentarios y la construcción mueven un importante caudal de dinero y de empleo.
La caída del poder adquisitivo en años anteriores a la pandemia, agrava mucho más la situación de los sectores asalariados, tanto públicos como privados, que continuó perdiendo poder adquisitivo, porque se incorporaron otros gastos, no solo en elementos de protección, de aseo y cuidado de la salud, sino también la necesidad de comprar elementos técnicos, como computadoras, celulares y mejorar e incorporar servicios de internet para poder desarrollar la continuidad educativa en todos los niveles educativos.
Muchas entidades gremiales entendieron que hoy la prioridad es la salud, comprendiendo la situación económica de las empresas privadas, llegando incluso a acordar que no se suspenda ni se despida personal. Idéntica situación se dio en el sector público. Otros sectores denominados autoconvocados, muchos de ellos ex candidatos y militantes políticos en diferentes partidos de oposición se están movilizando, llevando adelante reclamos de recomposición salarial, en algunos casos, inalcanzables, por lo que son calificados desde el gobierno de demagógicos y que, sin entender la realidad de la situación mundial y nacional de la pandemia en torno a la cuestión económica, buscan de manera oportunista sumar adhesiones, sabiendo que el dinero no es suficiente y que la mayoría de los sectores de los trabajadores, como en el caso de la educación, no están conformes con sus ingresos, mientras se les hace notar desde el gobierno que obtuvieron un aumento de entre un 23 y 25 por ciento, porcentaje muy por encima de la inflación del primer semestre del año, que es del 13,6 por ciento acumulada, que sirve de argumentos para comprender la situación económica y financiera que viene de arrastre y que nadie puede desconocer las dificultades económicas por las que atraviesan las diferentes capas sociales, y a las que el gobierno asiste y deberá seguir asistiendo, al igual que al sector empresario, comercial y a las PyMEs; sabiendo que de este contexto económico será más fácil si se trabaja en conjunto y solidariamente para que todos puedan superar la actual crisis económica, sanitaria y social.
Misiones comienza a apurar la recuperación económica
Para la economía provincial es también una oportunidad, así lo ve el gobierno provincial, en lograr beneficios impositivos y transformar a la provincia en su totalidad en una gran zona franca. Esta iniciativa del gobierno provincial impulsada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad tiene el acompañamiento de la Confederación Económica de Misiones (CAME), y por ende, de todas las cámaras de comercio de la provincia y de los comercios no adheridos a las entidades gremiales del sector. A ello se le suma un ambicioso presupuesto para el próximo año presentado ante la legislatura por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, que eleva de 110 mil millones de pesos a 150 mil millones, representando un aumento del 27 por ciento. Como es tradicional en la política del gobierno provincial, la de priorizar la salud, educación y la asistencia social, que incluye ayudas económicas para la recuperación de la economía misionera, que dependerá también de acciones y de decisiones políticas nacionales. Todos los sectores económicos y gubernamentales vieron el gran beneficio que significa el puente Posadas – Encarnación cerrado, por donde se escurren más de 1.500 millones de pesos mensuales de la provincia y que no recirculan en la provincia de Misiones, provocando pérdidas en las ventas en el sector comercial, en sus diferentes rubros, pero también el estado provincial y nacional pierden un porcentaje de recaudación impositiva que compensarían en gran parte la pérdida de recaudación, pero, fundamentalmente, permitiría una más rápida recuperación de la economía misionera y principalmente, la recuperación de mayor cantidad de mano de obra, que es uno de las principales demandas sociales hoy día, la recuperación del empleo en primer lugar y del poder adquisitivo a medida que la economía lo permita, que no irá solamente de la mano de la obra pública, para mover el sector de la construcción que moviliza varios rubros de la economía, sino que también y fundamentalmente, el rubro textil, del calzado, regalaría y el de la alimentación, y en particular el turismo que aportara a la economía provincial una gran cantidad de ingresos en divisas y la generación de puestos de trabajos entre otras actividades productivas y de servicios.
La idea no es solamente obtener beneficios, como en el caso de los combustibles con un ITC diferenciado, sino una política impositiva diferenciada, atento a la situación de frontera en la que hay grandes asimetrías en materia impositiva. Y teniendo en cuenta las leyes ya existentes y sancionadas por el Congreso Nacional, que no fueron reglamentadas y mucho menos puestas en funcionamiento, que contemplan situaciones y adecuaciones impositivas y exenciones cuando las condiciones monetarias no sean favorables y el desequilibrio produzcan asimetrías extremadamente dañinas que terminan aniquilando no solo al sector comercial y productivo, sino que también genere un fuerte desempleo.
La idea es que el beneficio se extienda para toda la provincia de Misiones, y no como ocurrió en otras oportunidades, que los beneficios, como el caso del ITC diferenciado en los combustibles solamente favoreció a Posadas, generando asimetrías internas y el malestar de los sectores de la economía misionera, los intendentes y la población del interior.
La intención es avanzar lo más que se pueda y lograr una zona franca, o un tratamiento impositivo diferenciado, que beneficie a la actividad económica antes que se vuelva a habilitar el pase fronterizo, en particular entre Argentina y Paraguay, y evitar que una enorme cantidad de dinero se esfume por el puente, del que no todos son amigos.