Están en la misma situación los empleados públicos como privados, que vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace más de cuatro años, por efecto de la inflación. Al fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri, se le sumó la pandemia y la caída de la economía a nivel mundial. El actual gobierno que encabeza Alberto Fernández tiene la responsabilidad de lograr recuperar el poder adquisitivo de la gente, poniéndole más dinero en el bolsillo para lograr reactivar el mercado interno y así poner en movimiento todos los factores que mueven la economía nacional.
El aumento logrado por parte de los efectivos de seguridad de la provincia se convirtió en la aspiración salarial de los demás empleados públicos provinciales, incluso municipales. Cuestión que seguramente complicará las negociaciones salariales con los demás gremios provinciales. Esta situación llevo incluso a que se realizaran comparaciones que comprenden a los diferentes estatus sociales y culturales, y que algunos entienden que son inaceptables. Como se escuchó opinar a algunos sectores docentes, judiciales y agentes de salud pública, que consideran que deberían tener un sueldo muy superior al de los policías, dado el tiempo de estudio y preparación.
En este contexto económico, social y político, el gobierno provincial también tiene altas expectativas generadas en la población misionera, tal cual lo demuestran los sondeos de imagen de gestión, que ubicaban hasta la semana pasada, al gobernador Oscar Herrera Ahuad, en un 73,1 contra una imagen negativa del 21,6, que seguramente en esta semana habrá descendido algunos puntos, debido a que tuvo que salir de urgencia a resolver el tema salarial de los policías, quienes venían exigiendo aumentos salariales, postergando, de esta manera, y quedando pendiente de solución, las demás demandas salariales en el sector del empleo público, como es el reclamo del sector docente, judicial, de salud pública, todas las demás dependencias de la administración pública provincial.
En el mismo acuerdo se aclara que el aumento es de carácter extraordinario y excepcional, y ubicó el sueldo básico de la fuerza policial y de penitenciaria -que pasó de 3.300 a 6.125 pesos para la mínima jerarquía- que pasará a cobrar de bolsillo 44.885,13; mientras que la máxima jerarquía, de comisario general, tendrá un básico de 4.000 y un sueldo 85.432,39. Si bien se evita hablar de aumentos porcentuales, en términos generales los aumentos en el ámbito policial superaron el 50 por ciento.
Estas exigencias salariales obligarían necesariamente al gobierno provincial realizar una reasignación de recursos, que son escasos, debido a la caída de la recaudación en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, lo que llevará al replanteo en el manejo de los recursos del estado, que involucra los gastos del manejo político, más allá de que el gobierno provincial viene manejando con austeridad.
Esta situación salarial conflictiva opacó, de alguna manera, la gestión que viene realizando el gobierno provincial ante la nación con el propósito de lograr reducciones impositivas en el IVA, Ganancias y aportes patronales. Los números favorables del cierre de fronteras le permitió en números demostrar al gobierno nacional el gran caudal de fondos que se escurren por las fronteras y que se pierden en los niveles recaudatorios, que se verían compensados e incluso beneficiados con las rebajas impositivas.
Desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales tuvieron que salir a salvar a financiar a los sectores privados de la economía afectados por la pandemia, y a sostener el empleo privado subsidiando a empresas con el pago de empleados. Ahora el reclamo es de los empleados del sector público, que también se vio afectado por la pandemia y muchos tuvieron que salir a cumplir con sus funciones más allá de los riesgos y miedos.
