Lo extraño es que los gremios y empleados no aceptaran un aumento de los sueldos del 20 por ciento, y si aceptaran un aumento del 15 por ciento, más un remunerativo de cinco mil pesos, propuesta que fue rechazada el jueves, pero aceptada el viernes, y que una las exigencias del gremio era que el municipio no sancione a ningún empleado municipal, aceptando y reconociendo que al no haber acatado la conciliación obligatoria estaban fuera del marco legal y el municipio podría sancionar a los empleados, pero no lo hará.
Se vive un tiempo y en una sociedad cargada de hipocresía que reclama a gritos el cumplimiento de las leyes, y, por otro lado, exige que no se cumplan las normas.
El conflicto por el reclamo salarial de los empleados municipales era una situación que se veía venir. Más allá del justo reclamo de los trabajadores que perciben bajos sueldos, quienes, aprovechando el reclamo, y fogueándolo de alguna manera, según lo expresó el secretario de finanzas Javier Carisimo, buscan complicar la gestión del actual intendente Carlos Fernández, a quien, en los discursos, incluso los manifestantes le solicitaban la renuncia. Más allá de la presencia de algunos sectores políticos sociales que están en todas las manifestaciones, algunos dirigentes gremiales reconocieron que existieron intereses políticos de algunos grupos de empleados. También admitieron que el conflicto se les fue de las manos y les desbordó, precisamente por otros intereses que estaban por fuera de lo laboral y salarial.
En el ambiente político flota el tufillo de que existe una serie de intereses mezclados entre cuestiones políticas, pases de factura, necesidad de desgastar políticamente a la gestión, entre otros motivos, que inteligentemente se los niega en público, pero se los admite en privado, son vox populi. Ahora algunos se están dando cuenta de que se les fue la mano y otros que festejan, esperando las recompensas de la ocasión.
El descontento con la conducción gremial fue muy evidente y obligó a que los dirigentes gremiales de UPCN, encabezada por Domingo Paniagua y el de ATE, Víctor Paredes, tomaran fuertes posturas y compromisos ante sus afiliados y que hoy ya no las pueden manejar, porque ante la autoconvocatoria de empleados a manifestarse debieron salir a tomar una postura rígida y de grandes expectativas que hoy se sabe que son de difícil cumplimiento. Es por ello que, en el acuerdo, el Ejecutivo municipal le dio el poder de que sean los sindicatos quienes decidan quienes serán los que pasarían a planta permanente, de manera tal de reivindicarlos y darles potestad de decisión y poder ante sus afiliados.
Lo cierto es que los gremios, juntamente con los empleados, incumplieron la resolución de una conciliación obligatoria, que ya la palabra habla de que las partes están obligadas a retrotraer la situación del conflicto al momento antes que lo generó mientras se siguen las negociaciones y se agoten las mismas, y que de no mediar acuerdo las partes quedan libradas, antes no.
Seguramente el Ministerio le aplicará o no una multa a los gremios municipales, en todo caso, pagarán la multa con lo que los gremios reciben del aporte de sus afiliados. El municipio si bien está facultado a aplicar descuentos y sanciones, para no agravar conflicto, no las aplicará.
Afortunadamente el conflicto se dilato en el tiempo la solución, y a futuro queda ver como se sostendrá en el tiempo el acuerdo salarial firmado, que el intendente espera que por lo menos se pueda llegar a fin de año se encuentre la racionalidad y el equilibrio necesario y que los empleados puedan recibir una recomposición que las finanzas municipales lo permitan. Porque se debe de tener en cuenta que el intendente Carlos Fernández puede hacer lo que quiere, también se debe ajustar a las leyes, cumplirlas y hacer cumplirlas, esta última, en estos tiempos, es lo más difícil de todo.
¿Estamos en una nueva normalidad política y social?
Parece un tiempo de rebelión social y anti todo. Anti pandemia, vacunas, no uso de barbijos, en contra del aislamiento social. En medio de ello, políticos fogoneando el descontento social, que afecta no solo las cuestiones de salud y psicológicas, sino que también está muy vinculado a lo económico. Al parecer, algunos sectores políticos y sociales quieren el caos, ya que el fracaso del actual gobierno en política sanitaria y económica sería el rédito de los sectores políticos opositores y de algunos sectores sociales. Esto, sin importarles ni la cantidad de infectados ni muertos. Algunos incluso están agitando consignas y banderas del anarquismo e ideales muchos más riesgosos y peligrosos que el comunismo que tanto temen. Según la definición de anarquía dice: Doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad.
Los ideales que se vienen observando son manifestaciones en contra de los estados electos democráticamente. Esto no solo se ve en la Argentina, sino también en otros países europeos, como lo son las marchas anticuarentenas, que sostienen que es un virus y pandemia inventados. Están en contra de las vacunas, que el Estado les obligue a usar barbijos, a restringir salidas, reuniones familiares y de amigos. Están en contra del Estado, de las normas sanitarias y también de las normas sociales.
Incluso esas mismas manifestaciones se ven en Oberá, con algunas personas, incluso profesionales, que se desplazan por las calles sin el uso del barbijo, que es obligatorio, pero rechazan su uso, contrariando la ley y fundamentalmente, faltándole el respeto a los ciudadanos que sí cumplen con la ley y las normas establecidas.
Dentro de este marco, se fueron dando manifestaciones por reclamos salariales, de policías, de docentes autoconvocados, es decir, por fuera de los gremios que los representan; o sea que nadie los representa, sino ellos mismos se representan desconociendo cualquier tipo de autoridad. Deciden cortar rutas, cosa que siempre ocurre, sin interesarle los derechos de los demás ciudadanos, sabiendo que más allá de que es un delito cortar una ruta, lo hacen igual, saben que la ley nos les va a sancionar, para no agravar el conflicto, porque los deberían desalojar a la fuerza.
Se está perdiendo, minimizando, el derecho de autoridad rectora y correctora del Estado, permitiendo que cualquiera haga lo que se le dé la gana, o cometer cualquier delito, si en definitiva, no existen sanciones penales, ni consecuencias jurídicas de ningún tipo. Es decir, el derecho y las leyes no son aplicables a todos por igual, tal cual se reclama y proclama.
Todos los reclamos salariales hoy día son justos y razonables, los excesos en las medidas de fuerza son las cuestiones reprochables, como la de cortar rutas, calles, dejar sin agua a la gente que más lo necesita, son cuestiones que son ajenas a esos conflictos, no son los responsables de darles la solución. Y todo esto se da en medio de una pandemia en donde se hablaba de la humanización, de la solidaridad, del entendimiento. Evidentemente, la pandemia fortaleció el espíritu a los que son solidarios en sus acciones y, por otro lado, fortaleció a los individualistas y egoístas de siempre.
Hoy se observa claramente el comportamiento de diferentes grupos sociales, políticos y gremiales que reniegan de toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo, por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. Y ello es un comportamiento anárquico y no democrático. Seguramente algunos podrán no estar de acuerdo con lo expresado, es siempre más fácil y sutil escribir y decir siempre lo que algunas personas pretenden leer o escuchar, y que estén a su favor, más allá que no les asista la razón.
Esperemos que solo sea un efecto de la pandemia y prontamente se restablezca el orden social y político en el mundo entero, dentro de esta nueva normalidad que también política y socialmente se convierta en una nueva normalidad.