En la mayoría de los casos, los conductores deben pagar obligadamente las presuntas infracciones de tránsito para renovar su carnet.
El abogado obereño Roberto Bondar se refirió al negocio de las fotomultas en Posadas y ratificó que se trata de una verdadera estafa a los ciudadanos, a partir de una jugada orquestada por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, mediante la instalación de cámaras de seguridad que captan la patente de los vehículos y generan abultadas multas a los conductores, que luego no pueden renovar su carnet de conducir si no abonan las presuntas infracciones de tránsito.
En diálogo con Agencia Hoy y LT 4, el abogado no dudó en calificar a la maniobra como “una verdadera estafa a los damnificados que reciben estas multas”, y remarcó: “el negocio es millonario”. Asimismo, aseguró que “el dinero que recaudan a través del Ministro de Gobierno se pierde en el camino y no se sabe hacia dónde va y quiénes lo reciben”.
“El dinero va a una cuenta bancaria pero no se puede saber quién es la persona que tiene acceso a la misma, hay un tribunal policial que depende del Ministro de Gobierno pero que no da ninguna solución”, lamentó.
Bondar comentó que fue abogado defensor de muchos ciudadanos de Oberá que sufren el mismo problema. Incluso, muchos obereños decidieron hacer cambio de domicilio en ciudades de Corrientes para poder renovar la licencia de conducir. Posteriormente, a partir de un proyecto presentado por el letrado, el Concejo Deliberante de la Capital del Monte emitió una resolución donde establece que “los conductores que tienen multas basadas en la inconstitucionalidad de las foto multas en otras jurisdicciones, puede renovar su carnet de igual manera”.
En la misma línea, el abogado convocó a los demás municipios a “copiar la norma establecida en Oberá, ya que muchos ciudadanos terminan haciendo cambio de domicilio en Corrientes y terminan tributando en otra provincia.
Para finalizar, el abogado señaló que “lo que están haciendo con las foto multas viola cada uno de los derechos establecidos en la constitución nacional. Este sistema sólo cumple un rol recaudatorio y no de seguridad. Se hacen un millón de foto multas por año en la provincia, es un negocio destinado a recadar, la seguridad vial es lo que menos les interesa”, agregó en referencia al accionar del ministro Pérez.
Tal como lo dio a conocer Agencia Hoy en su edición de este jueves, quienes reciben las multas ni siquiera tienen derecho a defenderse como sí ocurre, por ejemplo, cuando reciben una boleta de infracción al tránsito labrada por el municipio, que dispone de un Tribunal de Faltas, donde los ciudadanos pueden ejercer el derecho a réplica.
El sistema de fotomultas del Ministerio de Gobierno, en cambio, registra la chapa patente del vehículo que presuntamente cometió una infracción, como por ejemplo pasar un semáforo en rojo, pero sin exponer el contexto, limitando al máximo la posibilidad de defenderse a los conductores, quienes terminan abonando abultadas sumas de dinero por la presunta infracción.