Tiene 51 años y el jueves fue descubierto en la orilla del río Uruguay en Itacaruaré por una patrulla de Prefectura de San Javier. Transportaba mercaderías sin avales aduaneros provenientes de Brasil. Fue pasado a disponibilidad y acarrea sumarios por diversas irregularidades.
Las voces de crítica que trascendieron no fueron pocas entre los integrantes de la Policía de Misiones. Desde “protegido” o “apadrinado” a “demasiada negligencia o vista gorda” para que el comisario mayor de 51 años descubierto el jueves al mediodía en la costa del río Uruguay con un contrabando de mercaderías provenientes del Brasil, pudiera continuar en altos puestos de la fuerza de seguridad luego de la seguidilla de irregularidades que contiene su foja de conducta.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN sumaron ayer que el estupor y conmoción filas adentro de la Policía no se generó porque el comisario mayor de 51 años haya sido demorado con una carga de zapatos, zapatillas, ropa y medicamentos sobre la orilla de Itacaruaré, sino porque aún seguía vinculado a la institución luego que en octubre de 2020 fuera desplazado de la Subjefatura de la Unidad Regional VII por sendas denuncias de que camiones y acoplados repletos de soja rumbo a los pasos ilegales a suelo brasileño, al ingresar a Misiones contaban con el servicio de “abre rutas o caminos alternativos” entre campos y chacras para evitar el puesto del control de la ruta nacional 14 en San José, donde además del Escuadrón Alto Uruguay de Gendarmería custodia los movimientos la Agencia Tributaria Misiones (ex-DGR).
Por esta sospecha, este funcionario público solamente fue cambiado de funciones y de la Unidad Regional VII de Apóstoles pasó a ocupar un oficina en la UR-VI de Leandro N. Alem en la división Acción Social.
“Fue sólo una medida administrativa la que se tomó y no se consideró la jerarquía que poseía el involucrado”, sostuvo uno voz de peso dentro de la fuerza provincial en diálogo con este medio.
Un vaso grande rebalsó
Otras voces en contacto con este Diario ampliaron que oficialmente ayer el comisario mayor fue puesto en disponibilidad y las actuaciones son investigadas por la Dirección Asuntos Internos de la Policía.
Pero también remarcaron que la gota que rebalsó el vaso fue la imagen del involucrado custodiado por agentes de Prefectura Naval Argentina de San Javier junto a las bolsas con los elementos ingresados al país y valuados en medio millón de pesos, aproximadamente.
El procedimiento lo realizó a las 12.40 del día mencionado a la altura del kilómetro 934 del río frente al cementerio de Itacaruaré. Allí fue interceptado el policía misionero mientras que el canoero que lo cruzó logró darse a la fuga y regresar a su país a bordo de la embarcación.
El policía misionero no vestía uniforme y tampoco se opuso al procedimiento de la patrulla de Prefectura. Cabe agregar que el intento por escapar habría sido en vano, por lo amplio del procedimiento desplegado por los efectivos federales.
De inmediato le labraron las infracciones a la Ley aduanera 22.415 y se dio intervención al Juzgado Federal de Oberá, desde donde se comunicó que continúe el sospechoso alojado en el hospital bajo aislamiento sanitario y la mercadería quede a resguardo en dependencia de la Prefectura en San Javier.
Varias carillas cuestionables
El comisario involucrado sostiene entre sus “puntos cuestionables” de antecedentes varias investigaciones disciplinarias en la Dirección de Asuntos Internos. Entre ellas se destacó su vinculación con un siniestro vial en el 2006, una causa en la que se lo investiga por el delito de “lesiones en accidente de tránsito”.
Cuatro años después su legajo volvió a ser analizado por una denuncia en su contra por violencia de género que radicó una expareja.
En 2012 volvió a estar involucrado en una pesquisa por una intervención policial en un local bailable en la que un prefecturiano habría sufrido lesiones de gas pimienta. Según las mismas fuentes en las tres investigaciones fue exento de responsabilidad.
La denuncia de la que no pudo librarse aún correspondería a un robo o desvío de dinero correspondiente a los pagos de servicios adicionales de efectivos de la Unidad Regional VI. Según se sospechó una boleta de rendición se “extravió o perdió”.
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