El objetivo es «evitar que las víctimas coexistan en un mismo espacio físico que los agresores», teniendo en cuenta que eso por sí solo «implica un hecho violento»
En el marco de las denuncias de acoso y abuso a varias alumnas del instituto Roque González de Posadas, la fiscal correccional y de menores María Laura Álvarez solicitó al juez César Raúl Jiménez que los seis alumnos señalados como autores de los hechos terminen el presunto curso en modalidad on line, sin concurrencia al colegio y bajo “seguimiento psicológico”.
El objetivo es “evitar que las víctimas coexistan en un mismo espacio físico que los agresores”, teniendo en cuenta que “la sola presencia de los menores en el aula implica un hecho violento” como es “someter a las víctimas a sus acosadores y abusadores”.
Coincide Álvarez con Jiménez en que -por los convenios y tratados internacionales vigentes en materia de derechos de menores- “se hace necesario” que los acusados “continúen con su año escolar, garantizando así su derecho a la educación”, pero pide también que se ordene al colegio que “no renueve la matrícula a dichos alumnos para el año 2022”.
Además, remarca que si bien por su edad (14 y 15 años) son sujetos no punibles por la Justicia Penal, estima necesario para ellos “un especial tratamiento tutelar, ante la gravedad de las manifestaciones” volcadas en sus mensajes, donde “estamos ante ‘niños’ que hacen alusión a violación, torturas y hasta rapto”.
Paralelamente, aconsejó que se convoque a los padres de esos chicos para informarles sobre la existencia de programas de control parental de los celulares de los menores.
