Apurados y furiosos – Por Jorge Mielniczuk

A pocos días de dejar el cargo de intendente Carlos Fernández, decidió asumir el costo político de algunas resoluciones que seguían pendientes y fueron motivo de reclamos por parte del mismo intendente al concejo deliberante por la demora en la sanción de la ordenanza estableciendo el nuevo código fiscal municipal, presentado hace más de un año y medio y seguía en estudio en comisión con la participación de entidades intermedias luego de haberla sometido a audiencia pública, entendiendo que ya había sido estudiada y debatido lo suficiente.

 Desde la CRIPCO entendieron que le deberían haber comunicado que tratarían el tema y lo aprobarían por la urgencia de implementarlo a partir del próximo año y que si existiera la necesidad de realizar reformas lo harían como señalaron los concejales oficialistas. Evidentemente desde el oficialismo entendieron que si anticiparan que tratarían y aprobarían del código fiscal la oposición se movilizaría al concejo deliberante y probablemente terminaría en un  verdadero escándalo, como ocurrió en la audiencia pública que se transformó en una tribuna electoral.  Fernández, sabía que pagaría un costo político por aprobar de la forma que se aprobó el código fiscal, pero no podría seguir dilatando la cuestión que bien lo podría haber hecho, pero asumió el costo de aprobarlo para que entre en vigencia el próximo año en la gestión del futuro intendente Pablo Hassan, y así lo hicieron, dejando de lado el estigma de funcionarios “buenitos y tiernos”.

El oficialismo luego de diversas reuniones se convenció con el correr de los meses que de los más de 240 artículos solo se avanzó en 14 de ellos; les quedó en claro que la idea era demorar la aprobación e implementación del nuevo código fiscal sin otro fin, y la necesidad de mejorar la recaudación en el ámbito municipal no puede seguir esperando.  

La otra cuestión que enfureció a los concejales opositores fue la aprobación de la designación de dos nuevos secretarios en el juzgado de faltas municipal, a los abogados Francisco Kempski, y  Gimena Nacke; que se desempeñan en el ámbito municipal y que integraron la terna propuesta por la comisión  respectiva para que el ejecutivo dentro de sus facultades  establecidas en la carta orgánica, los proponga al legislativo para su aprobación, cosa que así ocurrió.  Desde el oficialismo hicieron notar que cuando el ex presiente Mauricio Macri, nombro a jueces de la corte suprema de justicia de la nación por decreto, no se enojaron y salieron a respaldar la irregular e inconstitucional designación y hoy cuestionan de falta de transparencia y de méritos a dos ternas que elevaron al intendente decida las designaciones que están dentro de las facultades que le otorga al intendente la carta orgánica municipal.

La decisión de los concejales oficialistas le dio letra para que los concejales opositores cuestionaran los dos instrumentos sancionados asegurando que la ordenanza sancionada perjudicaba e iba en contra los contribuyentes obereños, pero sin enumerar cuales  serían los perjuicios. En ese mismo sentido se expidió  la comisión directiva de la CRIPCO, que luego de la sanción de la ordenanza se negó a reunirse con  los concejales oficialistas, entendiendo que se rompió el dialogo,  la confianza y que desde el concejo deliberante se les falto el respeto a las entidades que estaban trabajando en el nuevo código fiscal.  En el comunicado la cámara de comercio coincide con los argumentos de los concejales y dirigentes de opositores en los cuestionamientos a los legisladores y a la gestión de Fernández, y advierten que los contribuyentes se verían gravemente afectados por la nueva normativa aprobada, como título pero sin detallar en qué se verán perjudicados los contribuyentes, y solicitan el que el ejecutivo municipal vete la ordenanza en cuestión, cuestión que difícilmente ocurra.

En  definitiva los contribuyentes no saben ni cuáles son los beneficios que argumenta el oficialismo y menos los supuestos perjuicios al contribuyentes  que esgrime la oposición y que utilizó la reforma del código fiscal como elemento de campaña electoral en particular los ex candidatos a la Defensoría del Pueblo, como se quejara en su momento el presidente del concejo deliberante Santiago Marrodan.

Lo cierto es que las  dos cuestiones en discusión y cuestionamientos están contempladas en la carta orgánica municipal y son atribuciones del intendente, guste o no. Lo que es materia de discusión es la forma y los tiempos; discusiones que trasciende del terreno político al público y cada cual con sus argumentos a favor y en contra dependiendo de qué lado  de la biblioteca, vereda o grieta se ubique.

“Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”. Algunos se lo atribuyen a Perón, otros a Napoleón, lo cierto es que cualquiera de los dos estaban cerca de la verdad sobre la siguiente sentencia: Gran verdad la del controvertido militar francés y/o, de Juan D. Perón. De hecho, sobran ejemplos que les dan la razón, ya sea en las instituciones públicas, empresas, asociaciones ciudadanas e incluso en una pacífica comunidad de vecinos.