Hubo 41 oficialistas que no acompañaran. La ley tuvo 204 votos, la mayoría de Juntos. El lunes comienza a tratarse en el Senado y antes del 22 sería ley.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes el acuerdo de facilidades extendidas con el FMI por 45 mil millones de dólares, que permitirá cancelar el crédito otorgado en 2018, sin el respaldo de 41 oficialistas, entre ellos Máximo Kirchner, que votó en contra. El lunes comenzará a tratarse en la comisión de presupuesto del Senado para que pueda sancionarse antes del 22 de marzo, cuando vencen 2800 millones de dólares con el organismo.
«Con los votos que tenía el oficialismo, Argentina estaba en default. De eso tomemos conciencia», destacó al salir del recinto el jefe de la UCR Mario Negri, en referencia al respaldo casi unánime de Juntos por el Cambio, que llegó después un dictamen unificado alcanzado en la noche del miércoles, por gestiones de Sergio Massa y el presiente de la UCR Gerardo Morales, quienes lograron dejar en minoría al kirchnerismo y el PRO. El jujeño fue a celebrarlo a la sesión.
La ley tuvo 204 votos positivos, 37 en contra, 28 del oficialismo, que también tuvo 13 abstenciones. De esta manera, sólo 77 de los 118 diputados del Frente de Totos apoyaron el acuerdo con el FMI, que se aprobó con más respaldos de Juntos por el Cambio, una ecuación que se repetiría en el Senado.
En el principal frente opositor sólo votó en contra Ricardo López Murphy y se ausentaron Martín Maquieyra, Francisco Sánchez, Héctor Stefani y Fernando Iglesias, cercano a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. Dejó su banca vacía en toda la sesión y ni siquiera se acercó a molestar a Massa, un clásico de cada sesión. Los demás negativos fueron de los liberales y la izquierda.
Máximo identificó a 34 de ellos en su tropa, en un comunicado de 15 carillas emitido segundos después de la aprobación de ley, en lo que podría ser el nacimiento de un sub bloque dentro del Frente de Todos capaz de condicionar las próximas leyes que quiera impulsar el Gobierno para cumplir con el FMI.
«Resulta completamente desatinado aplicar un plan de ajuste en las actuales circunstancias del país. Más aún cuando el endeudamiento excepcional e irregular por el monto, desembolso y falta de contralor por fuga, es más imputable al Fondo Monetario Internacional que al país», fue uno de los párrafos.
Además de camporistas, la lista de Máximo sumó a diputados cercanos a Cristina como Leopoldo Moreau y Daniel Gollán. También a Agustina Propato, la esposa de Sergio Berni, quien habló en la sesión y acusó a sus pares de convalidar un «fraude histórico». Y a Sergio Palazzo, del gremio bancario, uno de los cuatro desplazados de la comisión de presupuesto por Massa.
Hubo otras abstenciones oficialistas como la de Hugo Yasky, de la CTA, quien había emitido un comunicado de respaldo ni bien se anunció el acuerdo, pero luego se negó a exponer en la comisión.
El acuerdo le permite a Alberto Fernández no pagar los vencimientos con el FMI de este año y el siguiente, por casi 40 mil millones de dólares; y recibir 5 mil millones de esa moneda que en el texto final Juntos logró que se defina como «apoyo presupuestario».
El presidente no quiso dejar asentado que podía usarse para reducir déficit fiscal, como señala la carta de intención del FMI. Martín Guzmán había anunciado que se trataba de una devolución de los pagos realizados estos dos años para cubrir los primeros vencimientos del stand by de 2018, que fue de 44.700 millones de dólares.
La ley quedó con un sólo artículo que habilita la firma del acuerdo de facilidades extendidas y autoriza al Gobierno a tomar las medidas necesarias para cumplirlos, que Guzmán había detallado en un memorádum económico pero fue excluido por pedido de la oposición.
Incluía pautas fiscales y monetarias hasta 2024, con el objetivo de alcanzar déficit cero en 2025 y empezar en pagar el crédito al año siguiente hasta 2034.
El gobierno tendrá que garantizar más recaudación e ingreso de divisas, con medidas que Guzmán había anticipado en su memo económico pero si quiere aval parlamentario deberá buscarlo por cada una.
La más polémica fue la revaluación de bienes para cobrar más impuestos o la quita de subsidios a servicios públicos, que obligará a un tarifazo. Deberá aplicarlas con resoluciones o buscar consenso para nuevas leyes en el Congreso. No le será fácil.
«No terminamos de entender la importancia que tiene el plazo de gracia en una negociación de estas características. Menospreciamos su valor y su importancia», destacó Germán Martínez, jefe del oficialismo, en el cierre del debate.
Martínez rechazó el argumento opositor de que toda deuda tiene motivo cubrir el déficit fiscal. «Esta deuda es hija de la crisis en la balanza de pagos, que es cuando tenes más demanda de dólares de lo que podes responder. Los invito a leer los dos stand by firmados en 2018 para comprobarlo».
Los discursos de Juntos por el Cambio oscilaron en la responsabilidad de evitar el default y el desentendimiento de cualquier medida que tome Guzmán para cumplir con el acuerdo, pese a que la propia ley lo habilita a llevarlas adelante.
«Estamos acá no para salvar al gobierno sino para evitar el sufrimiento del pueblo argentino», señaló Silvia Lospennato, del PRO. Por ese bloque cerró Luciano Laspina, encargado de negociar la letra final el acuerdo, en diálogo con Mauricio Macri.
«Es una irresponsabilidad asumir un gobierno y plantarse ante una situación como ésta con un espíritu de estudiantina secundaria. Han puesto a la oposición en esta trampa discursiva de la cual vamos a salir bien parados», atacó a Máximo.
El oficialista Itaí Hagman, de Patria Grande, se abstuvo y trató de acercar posiciones. «Las diferencias que tenemos entre quienes debatimos cuál es la mejor manera de resolver este problema son infinitamente menores de las diferencias con quienes generaron este problema», matizó.
Negri no estuvo de acuerdo. «El presidente está débil y tiene una fractura política expuesta y ojalá que no se profundice. Nosotros somos oposición, no estamos para co gobernar», aclaró.