Se trata de unas 25 familias que no acceden a servicios públicos esenciales y que para este fin iniciaron un expediente administrativo en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas.
«Nos reunimos con algunas familias y con el presidente de este sector del barrio para conversar sobre todos los problemas de la zona.
Realmente son muchas las necesidades que tienen y por esta razón ya iniciamos las gestiones ante las instituciones para poder abrir una mesa de diálogo que nos conduzca a una solución para los justos reclamos de estos vecinos», explicó el defensor Alberto Penayo.
Como ocurre con otros barrios de la ciudad, donde las familias son vulneradas en sus derechos humanos, a partir del pedido de los vecinos, la Defensoría del Pueblo puede intervenir ante las instituciones a fin de que puedan acceder a los servicios a los que tienen derecho.
Se abre una mesa de diálogo entre los vecinos y los referentes de las instituciones responsables, y con la mediación del defensor del pueblo, se busca en conjunto la solución a los problemas.
