La lucha de la Comunidad Yvy Porã por recuperar su territorio ancestral en San Vicente se volvió una arena de lucha con quienes se dicen propietarios del lugar que, con amenazas y violencia física y destrucción de casas, atemorizando niños, buscan hacerlos desistir de su derecho.
Nuestro país al convertirse en nación independiente se declaró dueño de los territorios indígenas y la famosa “Campaña del Desierto” es la muestra más sangrienta de ello. Más silenciosa, pero no menos perversa, es la que se dio en Misiones despojando a los Guaraní, históricamente reconocidos y probados preexistentes a cualquier poblador europeo, de sus territorios con la fuerza de la inmigración. Al inmigrante se le entregaron títulos de propiedad de territorios indígenas, su recuperación es justa, moral y legal. El Estado causante del daño debe repararlo guiándose por la Ley 26160 y la 23302/85.
Los miembros de la Comunidad, desde la voz de la abuela, relatan que allí se asentaron sus antepasados varias décadas atrás, pero fueron obligados por los no indígenas a abandonar el lugar. Recientemente, alrededor de cuarenta personas -entre ellas hombres, mujeres, ancianos y niños- decidieron recuperar lo propio.
Su derecho a la recuperación territorial está fundada y amparada en la preexistencia reconocida en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tutela ampliamente los derechos indígenas en Argentina.
“Hay derechos, los no indígenas se dicen dueños pero no es así, el monte es nuestro”, aseguraron desde la Comunidad y agregaron que defenderán su derecho a permanecer en el lugar. “No nos interesan los rollos ni los postes ni el dinero, sino solamente el monte para para sembrar, para estar, para vivir, para los chicos también, hay muchos niños”, expresaron.
En este contexto, ayer se desató un violento episodio cuando las viviendas que habían comenzado a armar fueron destruidas por quienes se dicen dueños del lugar, a lo que siguieron empujones, golpes y más amenazas sin medir si se trataba de hombres, mujeres o niños.
La resistencia Mbya Guaraní en la provincia toma cada vez más fuerza para hacerle frente a los constantes atropellos que sufren: desde la invasión de empresas nacionales y multinacionales, intrusión y desmonte por parte de particulares, violencia y discriminación en todas sus formas.
Los miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), que respondieron al llamado de la Comunidad fueron amenazados de muerte y uno de ellos golpeado por una persona que dijo llamarse Didolich y ser uno de los supuestos herederos del lugar que se encuentra en sucesión.
La Comunidad realizó las denuncias policiales pertinentes y personal de la comisaría primera de San Vicente se hizo presente en el lugar. Tal vez la justicia responda a los reclamos de los indígenas con la velocidad con que responde a lo de los empresarios.
