A casi tres años de la denuncia original, el pasado 2 de diciembre el juez de Instrucción Dos, Horacio Alarcón, imputó al comisario Carlos David Bzowski por el presunto delito de abuso de autoridad en perjuicio de un conocido abogado obereño. Actualmente, el funcionario está a cargo de la División Delitos Rurales de la Unidad Regional II de Oberá, pero la acusación en su contra data de febrero de 2020, cuando estaba al frente de la comisaría de Los Helechos.
Según cita el expediente 16683/2020, la denuncia fue radicada por el abogado Juan Szymczak, quien posee más de 40 años en el ejercicio de la profesión y es considerado uno de los penalistas más prestigiosos de la ciudad de Oberá y la zona Centro.
El letrado precisó que el 11 de febrero de 2020 se dirigió hasta la dependencia policial de Los Helechos para entrevistarse con un cliente, lo que fue negado por el comisario, quien incluso lo habría intimidado con su arma reglamentaria.
Transcurridos 34 meses de la denuncia, el pasado 2 de diciembre el juez Alarcón imputó a Bzowski por presunto abuso de autoridad, al tiempo que le otorgó la excarcelación anticipada bajo caución juratoria, puesto que el delito investigado contempla una pena de prisión menor a ocho años.
El funcionario designó defensor particular y se abstuvo de declarar. En tanto, varios testigos ratificaron la versión de Szymczak, ya que se hallaban en la comisaría al momento del hecho y escucharon los gritos del comisario.
«Soy una persona mayor, siempre educado y respetuoso de las instituciones y de sus funcionarios, y me vi sorprendido y amedrentado por tamaña actitud de un jefe policial, más propia de un desequilibrado que de un funcionario con responsabilidad de guardar el orden público», remarcó el damnificado.
El hecho
Szymczak precisó que el 11 de febrero de 2020 fue contratado por la familia de Sebastián K. (28), quien se halla detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Uno por un hecho denunciado en proximidades de la estación de servicio de ruta Nacional 14 y Provincial 5, jurisdicción de la Seccional Segunda de Oberá.
De todas formas, en dicha dependencia le informaron que el sospechoso estaba detenido en la comisaría de Panambí, hacia donde se dirigió por pedido de la familia del implicado, ya que sospechaban que había sido golpeado y temían por su condición física.
Pero tampoco lo encontró en la comisaría de Panambí, donde el personal de guardia le señaló que su cliente estaba alojado en la comisaría de Los Helechos. Una vez en la citada dependencia fue atendido por el personal de guardia.
«Me dijeron que el jefe no estaba y que sin la autorización de él no podían permitirme que viera a mi cliente», relató el letrado obereño.
Y agregó: «Entonces le expliqué al oficial, a quien previamente le exhibí mi licencia de abogado, que no me podía impedir ver a mi cliente porque además de coartar su legítimo derecho de defensa, infringía expresas normas de la Constitución Provincial. Luego se comunicaron con el jefe y me informaron que se presentaría en algunos minutos».
Clara amenaza
El letrado aseguró que aguardó hasta el arribo de Bzowski, a quien notó alterado desde un primer momento.
«Lo esperé pacientemente en la guardia, hasta que lo vi entrar muy ofuscado y en forma agresiva me hizo pasar a su despacho, donde fui víctima de innumerables improperios y me dijo que de ninguna manera me permitiría ver a mi cliente y que allí mandaba él, que era su comisaría», detalló.
En tanto, aseguró que fue en vano cualquier explicación formal, puesto que el policía no entró en razón.
«Cuando intenté referirle lo que prescribe al respecto el artículo 14 de la Constitución Provincial y que su actitud ponía en riesgo su empleo, se volvió irascible y apoyó su mano derecha en la pistola que portaba, en forma muy amenazante, expulsándome a los gritos de la comisaría y provocando un verdadero escándalo, que inclusive fue advertido por ocasionales transeúntes», remarcó.
Por ello, explicó que decidió denunciar el hecho para que investigue penalmente el accionar del uniformado.
Entre las medidas de prueba, solicitó el listado del personal de guardia, quienes también serán citados como testigos; el secuestro y peritaje el celular institucional de la comisaría para que se transcriban las comunicaciones del día 11 de febrero de 2020, y que la UR II informe si los jefes de comisarías tienen instrucciones de no permitir el contacto de los letrados con sus clientes.
«Pasaron casi tres años de la denuncia y por fin avanzó. Considero que lo que pasó fue un hecho grave, más viniendo de un funcionario público que debería ser ejemplo. Voy a ser querellante y, con las pruebas que hay, creo que se puede agravar la carátula», opinó Szymczak.
Lo que dice la Constitución Provincial
Según consta en su denuncia, Juan Szymczak consideró que el comisario Carlos David Bzowski infringió expresamente lo prescripto por la el artículo 14 de la Constitución Provincial, que en su parte pertinente dice: «La autoridad a cuyo cargo esté la custodia de un detenido está obligada, sin perjuicio de las medidas y precauciones asegurativas del caso, a llevarlo a la presencia de cualquier persona que lo requiera. El incumplimiento, negligente observancia de las obligaciones señaladas en la presente disposición, ocasionarán el funcionario o empleado responsable la pérdida de su empleo, sin perjuicio de las sanciones penales que puedan corresponderles».
En tal sentido, el letrado opinó que «en este caso no había justificación alguna para que el jefe incumpliera con el mandato constitucional. Es más, había tres subordinados presentes por si hacía falta alguna medida asegurativa, y el delito que se le imputa es un delito de menor cuantía».
Por otra parte, al momento del hecho el policía ostentaba el rango de subcomisario. Tras la denuncia de 2020 fue trasladado a otra dependencia.
Llamativamente, a pesar de tener un expediente judicial en trámite, tiempo después fue ascendido a comisario.
Fuente, El Territorio.
