Miles de peruanos marcharon el jueves en Lima exigiendo cambios radicales en el país después de más de 50 muertes relacionadas con las protestas contra el Gobierno que comenzaron en diciembre. Los manifestantes, en su mayoría de las regiones mineras del sur del país, están desahogando su ira contra la élite política limeña por la persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar la actual, favorable al mercado, que se ha mantenido en vigor desde 1993 durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por abusos a los derechos humanos. Los manifestantes han llamado a la protesta del jueves la «Toma de Lima» y la policía ha anunciado el despliegue de miles de agentes para garantizar la seguridad en la ciudad.
En recientes protestas, los manifestantes han quemado edificios públicos y privados y han atacado estaciones policiales en diferentes regiones del interior del país. La Defensoría del Pueblo ha informado de la muerte de una persona herida en una protesta el miércoles en Puno, lo que supone casi la mitad de todos los 44 fallecidos en los enfrentamientos, incluyendo un policía. Otros nueve han muerto en accidentes relacionados con los bloqueos por los conflictos. El Ministerio Público ha anunciado el despliegue de 50 fiscales para exhortar a los efectivos policiales a usar una fuerza proporcional durante las manifestaciones e invocar a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica.
La situación se ha vuelto cada vez más tensa en las últimas semanas, con la policía usando bombas lacrimógenas y gases para dispersar a los manifestantes en algunas regiones del país. En Arequipa, la policía incluso tuvo que intervenir para evitar que los manifestantes tomaran el aeropuerto, lo que obligó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a suspender temporalmente las operaciones en ese terminal.
La razón detrás de las protestas es la persistente desigualdad en el país, con las regiones más pobres del sur del país sintiendo que han sido ignoradas por la élite política limeña. Los manifestantes están exigiendo un cambio radical en el país, con la renuncia de la presidenta Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva Constitución que aborde.
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