El Pueblo Mbya tiene una estrecha relación con su territorio, algo que va más allá de lo material. El vínculo es muy fuerte porque allí crece, produce y reproduce su cultura. Los Guaraní buscan vivir en un territorio donde puedan llevar adelante su modo de vida. No se puede pensar en un futuro indígena si no se garantiza su permanencia en territorios con monte.
Cansados de los atropellos de las empresas forestales y en legítima defensa de su Tekoa, -entendido como el espacio propicio para ser guaraní- las Comunidades Ka’a Kupe, Ka’a Poty y Ko’ẽ Ju demandaron al Estado provincial hace un año. Se trata de un territorio de 5636 hectáreas en el Valle del Kuña Piru, donde habitan en total seis Comunidades.
“La demanda se inicia a raíz de una serie de conflictos que se fueron agudizando en ese territorio con la empresa Carba, particularmente. Habíamos empezado a notar que el relevamiento territorial no estaba siendo suficiente para frenar las intrusiones y todos los actos que venían realizando sistemáticamente desde la empresa y con la autorización del Estado provincial a través del Ministerio de Ecología”, explicó la abogada Roxana Rivas.
Esto impulsó a pensar en una estrategia más sustancial, vinculada a la obtención de la titularidad de ese territorio, demandando directamente a la Provincia, porque es su responsabilidad garantizar el otorgamiento del título de propiedad comunitaria. “El relevamiento territorial, previsto en la ley 26160, estaba pensado como un primer paso hacia la inscripción como Propiedad Comunitaria Indígena, y para eso se necesitaba otra ley -que aseguraba esa propiedad- que no llegó nunca y cada vez está más lejos”, comentó Rivas.
Por su parte, el mburuvicha de Ka’a Kupe y referente de la organización tradicional Mbya Aty Ñeychyrõ, Mario Borjas, reflexionó al momento de la denuncia: “Nos sentimos fuertes para la lucha, el monte es una fortaleza para la espiritualidad y la construcción de la vida de las Comunidades, si no hay monte se pierde la cultura, se pierde todo. Por eso nos sentimos con mucha fortaleza”.
Un largo camino
Uno de los tantos recursos utilizados antes de la judicialización había sido un pedido de amparo, que finalmente derivó en la suspensión provisional del desmonte y el inicio de un proceso de consulta previa, libre e informada de Carba con las Comunidades. El decreto, con firma del Gobernador Oscar Herrera Ahuad, fue dictado días después de la presentación de la demanda, que aún continúa su curso.
En el territorio del conflicto existen otros supuestos titulares dominiales, a quienes se debe identificar y actualizar sus datos, para luego llegar a una audiencia previa a la demanda judicial. Hasta el momento el Estado no fijó posición; lo debe hacer a través de la Fiscalía, que ya reconoció su competencia para intervenir en la causa.
“Una cuestión también importante fue el pedido de que se traiga como parte y especialmente a las audiencias al Aty Ñeychyrõ, y a eso se dio lugar”, cerró la abogada.
No está de más recordar que los atropellos no fueron solamente al monte y árboles nativos, sino que incluso los niños Mbya fueron atemorizados, testigos directos y presenciales de la invasión y destrucción de su territorio con motosierras y maquinarias pesadas, una herida que aún sigue abierta.
