El juez de Instrucción Uno de Oberá, Pedro Piriz, ordenó la detención de Elías F. como sospechoso por el homicidio de la catequista y comerciante Gladis Beatriz Gómez (39), quien fue baleada por un motochorro y falleció tras varios días de agonía.
Los investigadores de la Unidad Regional II dieron intervención en forma directa a la Policía Federal, entes de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires e Interpol.
Por su parte, la jefatura de la UR II decidió el relevo de quien se desempeñaba como jefe de la División Investigaciones, comisario Augusto Britos, iniciando así una nueva pesquisa que apuntó las sospechas hacia el citado Elías F., quien en el expediente fue nombrado por al menos tres personas: los dos sospechosos que fueron excarcelados y el testigo Lucas Adrián R.
“Le quiso dar un susto”
Lo concreto es que más allá del aporte del testigo, las pesquisas posteriores no lograron dar con el citado Elías F., quien luego del hecho habría viajado a la provincia de Buenos Aires, de donde sería oriundo, aunque antes del crimen residía en Oberá.
Según el testigo, el “porteño” habría comentado que “le quiso dar un susto” a Gómez y “se le escapó” el disparo.
En tanto, desde un primer momento las defensas de los primeros implicados cuestionaron la instrucción y las supuestas llamadas anónimas que direccionaron la investigación policial hacia los dos sospechosos que luego recibieron la falta de mérito.
Según consta en el expediente, el 9 de marzo del año pasado se recepcionó un llamado a la línea 101, en la que un hombre -quien no aportó sus datos por temor a represalias, se dejó constancia- aseguró conocer a los autores del hecho, sindicando como responsables Miguel ‘El Chueco’ y a Marito M.
En tanto, el 19 de septiembre Lucas Adrián R. declaró ante el juez Piriz y mencionó que brindó información a los jefes de UR II bajo presión, lo que derivó en la detención de los acusados.
Dijo el testigo: “(…) A Marito lo reconocí en el video, me llamó la atención una remera del Barcelona que tenía, por eso lo reconocí, y al que bajó no le reconocí porque bajó de golpe y no enfocaba la cámara. Me preguntaron si sabía algo del arma, si Marito tenía un arma o si tenía conocimiento y le dije que no sabía de eso”.
En cuanto a por qué la Policía lo buscó para que le brinde información, el testigo contestó: “Porque los jefes saben que tengo antecedentes por intento de homicidio. Dos tengo, uno con arma de fuego y otro con arma blanca. Por el tema de las armas me fueron a buscar y hacía cuatro meses que había vuelto de Rosario”.
Reclamo por justicia
Por su parte, tras la excarcelación de los sospechosos y la falta de avance en el expediente, la familia de la víctima cuestionó la investigación. En tanto, el pasado 17 de agosto realizaron una marcha en reclamo por justicia.
“Acá lo único concreto es que asesinaron a mi hermana y ahora nos sacan la posibilidad de hacer justicia. Que se pongan las pilas e investiguen, no pueden jugar con el dolor de una familia”, reclamó Rafaela Gómez.
Lo único concreto hasta el momento, es que en la noche del 2 de marzo del año pasado la víctima fue asaltada en su local de calle Piedrabuena por dos motochorros, uno de los cuales le disparó, según contó ella misma antes de entrar en shock.
A consecuencia de un impacto de bala en la cabeza, Gómez agonizó durante once días en el Hospital Samic de Oberá, donde finalmente falleció el 13 de marzo.
Visiblemente molesta, su hermana Rafaela lamentó que “durante un año nos aseguraron que había suficientes pruebas, pero no era así y tuvieron que arrancar de cero. Acá queda claro que agarraron dos perejiles y no investigaron como debían”.
“Los asesinos de mi hermana están libres, caminando entre nosotros. Ahora halan de un tercer sospechoso, pero la verdad no sabemos qué pensar porque ya pasó mucho tiempo”, agregó.
Doble tragedia
Mario Antonio A. y Santiago Miguel S. se hallaban en custodia del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y recuperaron la libertad el pasado 23 de marzo, tras ser notificados de la falta de mérito dispuesta por el juez de Instrucción Uno, Pedro Piriz.
Sandra Llamosas, querellante en representación de la familia de la víctima, manifestó que adhirió al dictamen del fiscal Elías Bys “porque realmente no había ninguna prueba conducente como para elevar a juicio la causa así como estaba”.
Por su parte, María Cristina Salguero, defensora particular de Santiago Miguel S., cuestionó la instrucción del caso y lamentó que se haya perdido un año para hallar a los verdades culpables del crimen.
“La realidad es que no había elementos de prueba contra mi cliente ni el otro sospechoso. La imputación no se puede sostener solo por el hecho te tener detenidos. Nunca vi una causa tan armada. Primero la famosa llamada anónima, después ni una pericia”, cuestionó.
Según Salguero, mientras dos inocentes estuvieron presos durante un año, las autoridades “perdieron la oportunidad de investigar bien para encontrar a los verdaderos responsables. Imagino que para la familia de la víctima esto es una doble tragedia”.