Desde el Comité de Defensa del Usuario Vial presentaron un comunicado solicitando una real apertura al diálogo a la DVN, ya que sólo han llamado a una consulta ciudadana escrita. «Se trata de un régimen que no es un peaje, es un impuesto al tránsito», sostuvo Ricardo Lasca, miembro del Comité.
Desde el Comité de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) reclaman en contra del “tarifazo injustificado” de peaje, que sería el tercero en lo que va del año.
Según los antecedentes, en mayo el incremento fue de 50%, en agosto de 40% y en noviembre pretende ser de 50%. Sintetizan que el aumento acumulado anual alcanzaría el 215%.
Desde la CONADUV tildaron de “decorativa” la consulta ciudadana presentada por escrito y convocada por la Dirección Nacional de Vialidad. Además, desde la entidad tampoco llamaron a una audiencia pública.
“El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechaza la nueva convocatoria a la “Consulta Ciudadana” convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por ser un simple formalismo, meramente decorativa, de carácter no vinculante y no presencial, por escrito, y con la sola finalidad de imponer y habilitar un nuevo incremento en las tarifas de peaje que se cobran en la Red Vial Nacional concesionada, incluyendo Puente Rosario – Victoria y Accesos Norte, Oeste y Riccheri – Ezeiza – Cañuelas, y que encima ya está autorizado de antemano”, explican en su comunicado.
El Comité sostiene que la falta de compromiso y apertura al diálogo por parte de la DNV imposibilita el cambio de opiniones “entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar el porcentaje de aumento que ya se encuentra definido y aprobado en las respectivas resoluciones redactadas por las autoridades correspondientes”.
Al respecto, Ricardo Lasca, integrante del Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial (Peajes y Rutas del país), habló esta mañana con FM 89.3 Santa María de las Misiones y criticó este mecanismo de “falsos peajes”.
Aclaró: “Se trata de un régimen que no es un peaje, es un impuesto al tránsito. Esto es un invento de la década del 90, una estafa vial y que lamentablemente persiste en el tiempo, porque los Gobiernos son cómplices y nadie hace nada. El incremento afecta al costo de transporte y por ende, a todos los precios de la economía”, describió.
En cuanto a los incrementos, dijo que no hay una tarifa congelada y que se da “todos los años”. “Es un régimen inconstitucional que está en manos de una empresa ‘estatal’ que es Corredores Viales S.A, la mayor parte de las rutas, es una empresa que actúa en forma paralela a Vialidad Nacional, que se limita solo a cobrar el peaje, no hace obras, o sea es una caja política realmente. Encima pretenden darles también otros corredores”, explicó.
Sobre esta entidad, opinó que es “deficitaria” e innecesaria, porque “además tienen que darle plata por parte del Estado y Vialidad porque no les alcanza la plata ni para pagar a sus empleados”. Por eso, “las orbas de infraestructura de envergadura se hacen con fondos del Estado, no las hace el concesionario”.
Lasca criticó además la falta de un ente regulador y un marco regulatorio ante la consulta ciudadana que fue presentada, la cual no garantiza “debate ni derecho a réplica”. En este punto solicitó que las autoridades estén dispuestas a escuchar, a aprender, “porque no sólo nos quejamos, nosotros tenemos propuestas que queremos sean tenidas en cuenta”, sostuvo, y contó que a pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones una audiencia, nunca fueron atendidos por los funcionarios pertinentes.
