«Me sentí usada, abusada jamás fui oída como correspondía». Esas fueron las palabras de Carla B., supuesta víctima en un caso en el que, el pasado miércoles 15, el Juzgado en lo Correccional y de Menores de Oberá emitió un polémico pronunciamiento condenatorio.
Según relatara Carla B. a este medio, su voz jamás fue oída por el Poder Judicial, que condenó a su actual pareja, Fernando B., por un hecho que, según afirma, jamás existió.
«La única supuesta testigo del delito fui yo y en 3 oportunidades dije que nada de lo que se había denunciado había ocurrido… El fiscal suplantó mi voluntad y dijo que negaba los hechos porque estaba presionada por Fernando y que estábamos en una ‘luna de miel’ propia de la violencia de género. Nada más alejado de la realidad».
Preguntada por los pormenores del caso, brindó detalles estremecedores acerca de la irregularidad con que se condujeron las autoridades policiales, que siguen impunes. «Todo se originó por una pelea tonta de pareja. Un policía de Campo Viera, de nombre Carlos M. H., me hizo firmar una denuncia que jamás me leyó… Se aprovechó de mi inmadurez y porque era de la chacra para armarle una causa a Fernando». En dicha denuncia, Fernando B. había sido acusado de los delitos de lesiones agravados por violencia de género y amenazas agravadas por el uso de arma, presentándose a lo largo de la tramitación de la causa múltiples y llamativas irregularidades. Así, por ejemplo, cuenta Carla B. que el policía involucrado, además de mentir acerca de la forma en que hizo la denuncia, le había ordenado ingresar en la vivienda de Fernando para apoderarse de su arma de fuego reglamentaria (es miembro de Gendarmería) y entregársela a la policía, infringiendo así las normas sobre secuestro de efectos delictivos y falsificando constancias sumariales. Agrega que, al declarar en juicio oral, dicho funcionario policial había incurrido en múltiples contradicciones y vaguedades, no obstante lo cual el Juez interviniente decidió dar pleno valor a su declaración, descartando la declaración de Carla: «era su palabra contra la mía y decidieron creerle a él, pese a que mis padres fueron testigos de todos sus atropellos y se lo hice saber al Juez».
Afirma Carla que ninguno de los otros testigos pudo aportar prueba de la existencia de los delitos por los que fuera condenado Fernando y enfatizó: «Para el fiscal y el Juez sólo existe la opinión del hombre, la del policía. Hablan mucho de la necesidad de protegernos a las mujeres, pero la realidad es que me ignoraron completamente… Me dijeron que eso se llama ‘violencia institucional’. Antes que víctima de Fernando fui víctima del sistema».
Fernando B. es padre de 3 menores, quienes dependen económicamente de él. “Si se llega a confirmar el fallo, Fernando pierde su trabajo, porque los gendarmes no pueden tener ninguna tacha judicial, y esos nenes se van a quedar en la calle. Él está devastado por todo esto”, concluyó Carla.
La causa se encuentra actualmente en fase recursiva, pendiente de una resolución por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
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