La decisión del Gobierno de impedirles a los bancos financiar el pago de salarios de empleados públicos disparó la reacción de gremios estatales que hicieron saber de una inminente demora en el cobro de más de 700 mil agentes de la administración central y encendió la alarma sobre un universo que se extiende a 3,5 millones de trabajadores de provincias y municipios de todo el país.
La medida, que anticipó la semana pasada el vocero Manuel Adorni como parte de las nuevas restricciones a implementar por el freno en la aprobación de la ley ómnibus, se suma a la quita de horas extras ordenada por la Jefatura de Gabinete y que afecta a los sueldos más bajos del Estado, y a los recortes iniciados en el sector público con la cancelación de contratos.
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La semana pasada Adorni había adelantado la decisión de no prorrogar la autorización a los bancos para financiar al sector público en el pago de sueldos. Y lo enmarcó en las restricciones desde el Estado nacional a los distritos resueltas por la demora en la ley ómnibus, una suerte de confesión del apriete a gobernadores. “Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, dijo en esa oportunidad al comentar la decisión del Central.
Fuente, Ámbito.