El origen de este cambio está en la modificación propuesta por el Gobierno nacional a principios de año, con la intención de reemplazar la fórmula tripartita establecida en 2020.
El nuevo esquema de cobro se basaría en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), marcando un hito en la reorganización económica del país. Además, no se sabe si el Gobierno nacional mantendría un sistema de bonos extra, como el que pagará a partir del 5 de marzo, en este caso de $70.000 para los jubilados que cobran la mínima.
El proyecto del presidente Javier Milei «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos» consideraba esta transformación dentro del Título III sobre Reorganización Económica, específicamente en el Capítulo III de Movilidad de las prestaciones, artículo 106.
Se planteaba la suspensión de la aplicación de un punto crucial de la Ley N° 24.241, junto con sus complementarias y modificatorias.
Las expectativas que despertaba este cambio se nutre de las proyecciones presentadas en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de enero, divulgado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Este informe sugiere que la tendencia inflacionaria, después de alcanzar su punto álgido en diciembre de 2023 (25,5%) y mantenerse en el 20,6% en enero de 2024, comenzaría un descenso gradual en los meses siguientes.
De mantenerse estas proyecciones, febrero vería un índice promedio de inflación del 18%. Sin embargo, la atención se centra en abril, el mes en el cual entraría en vigor el nuevo esquema de actualización automática de los haberes jubilatorios. Según las estimaciones, en este punto, la inflación se estacionaría en un 13%, para luego descender aún más en mayo, alcanzando un mínimo del 10%.
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