El presidente Javier Milei anunció el veto total a la reforma de movilidad jubilatoria, que fue aprobada tanto en Diputados como en el Senado. La decisión fue ratificada el lunes por el vocero Manuel Adorni al afirmar que «el veto será total y no parcial».
Los dichos del vocero se dieron en un contexto de especulaciones sobre la posibilidad de un veto parcial que pudiera reconfigurar la oposición y dificultar la obtención de los dos tercios necesarios para rechazarlo.
Desde el Gobierno nacional, se han planteado diferentes vías en caso de que el veto sea rechazado, incluyendo la judicialización de la ley y la presión sobre los gobernadores. Una de las frases que resonó con fuerza fue: «El déficit cero es innegociable». Esto implica que, si los recursos se destinan a jubilaciones, se deberán recortar otros fondos destinados a las provincias.
Al respecto, el economista de IDESA, Jorge Colina dijo en diálogo con Cadena 3 que «la llegada Milei al poder cortó el flujo de fondos nacionales a las provincias, por lo que la amenaza de recorte parece caer en saco roto».
Colina también advirtió que un veto o la judicialización de la ley podría dar lugar a una nueva ola de juicios por parte de jubilados contra el Estado.
También destacó que el artículo 1 de la ley que se planea vetar es similar al decreto de necesidad de urgencia que ya existe, lo que podría complicar la situación legal del Gobierno. «Si el gobierno ya tiene su propia fórmula de movilidad, no sería necesario judicializarlo», agregó.
Sobre la posibilidad de que la ley aprobada prospere, Colina indicó que, de ser así, los jubilados podrían recuperar el poder adquisitivo perdido. «El aumento que manda a hacer el Congreso permitiría recuperar el empalme de siete puntos porcentuales de enero», afirmó.
Además, resaltó que si los salarios superan la inflación, los jubilados podrían beneficiarse de esa diferencia cada mes de marzo.
Fuente, Cadena 3.
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