- Tras la polémica por la criptomoneda $LIBRA, en el primer día hábil se presentaron 4 denuncias penales ante la Cámara Federal porteña. El sorteo determinó que será el juzgado a cargo de María Servini de Cubría el que llevará adelante el expediente.
- Las presentaciones fueron hechas por el economista y ex diputado nacional Claudio Lozano; el abogado Gregorio Dalbón; el diputado Itaí Hagman y el dirigente Juan Grabois (Unión por la Patria); y diputados de la Coalición Cívica.
- En las distintas presentaciones se pide que se investigue a los acusados por distintos delitos, como asociación ilícita, fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.
A última hora del viernes estalló la polémica por la criptomoneda “$LIBRA”, promocionada por Javier Milei en sus redes sociales, tras lo cual registró una suba exponencial de su valor en un primer momento y luego se desplomó. El Presidente hizo su descargo horas después de la publicación y el sábado por la tarde la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que anunció una investigación a través de la Oficina Anticorrupción y una unidad creada en la órbita de la Presidencia.
Por fuera de esta investigación del Ejecutivo, la oposición comenzó a hablar de pedidos de juicio político en el Congreso y, por otro lado, se presentaron las primeras denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py. A continuación, los detalles de algunas de las denuncias que comenzarán su recorrido en los tribunales federales.
Denuncias penales presentadas en la Justicia federal
Según informaron a Chequeado desde la Cámara Federal porteña, hasta el momento se presentaron 4 denuncias sobre el caso $LIBRA desde que estalló la polémica.
La primera presentación fue realizada por el economista y ex diputado nacional Claudio Lozano, junto a los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya y la ingeniera María Eva Koutsovitis. Los denunciados son Milei; Julián Peh, CEO de Kip Protocol; Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Daniel Parisini, conductor del canal de streaming Carajo; y Agustín Laje, escritor e intelectual vinculado al Presidente.
Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Milei; a su hermana Karina; al vocero presidencial, Manuel Adorni; al empresario y asesor presidencial Mauricio Novelli; a Peh y a Davis; y a Laje y a Francisco Caputo, de la Fundación Faro.
También la Coalición Cívica presentó una denuncia, con la firma incluida de Elisa Carrió, y por su parte, Itaí Hagman y Juan Grabois, de Patria Grande, hicieron su propia presentación judicial.
Quién investigará las denuncias contra el presidente
Desde la Cámara Federal, bajo cuya órbita funciona la Oficina de Sorteos que define qué juzgado intervendrá en cada expediente, informaron a este medio que la primera denuncia presentada fue la de Lozano, y que el sorteo determinó que será el juzgado a cargo de María Servini de Cubría el que llevará adelante el expediente. Y las demás, por conexidad, correrán el mismo destino, según informaron.
El fiscal federal a cargo de la investigación será Eduardo Taiano, de turno con el juzgado de Servini.
Qué posibles delitos se mencionan en las denuncias
La denuncia de Lozano menciona 3 delitos. Primero, el de asociación ilícita, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.
En segundo lugar, refiere a 2 artículos del capítulo de estafas del Código Penal: el 172, que prevé penas de 1 mes a 6 años de prisión para el que defraude a otro con supuestos nombres, títulos, influencias o aparentando bienes o empresas; y el 174, inciso 6, que establece penas de 2 a 6 años para el que afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento, o “fraudulentamente disminuyera el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital”.
Por último, refiere al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248), con penas de un mes a 2 años de prisión, por violación a la Ley de Ética Pública.
La denuncia de Dalbón, además, menciona los delitos de cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, con penas de 1 a 6 años de prisión.
Por otra parte, la presentación de Grabois agrega el artículo 249, que establece multas e inhabilitaciones para los funcionarios públicos que omitan, rehúsen o retarden el cumplimiento de sus deberes; y el artículo 309, con penas de 1 a 4 años para el que “ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas”.
La denuncia de la Coalición Cívica incorpora, además, al artículo 259 del Código, que pena al que aceptara dádivas.