La cúpula del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) dispuso el relevo y pase a situación de disponibilidad del alcaide mayor Martín Ariel Acosta y del alcaide principal José Ángel Cáceres, ex director y subdirector, respectivamente, de la Unidad Penal II de esta localidad.
La decisión se conoció ayer tras la denuncia penal contra los ex directivos que habrían avalado innumerables salidas de internos condenados sin la debida autorización judicial, lo que constituye una falta grave del régimen carcelario.
Asimismo, desde la Dirección General del SPP, se inició un sumario administrativo interno tendiente a deslindar las responsabilidades del caso.
En ese marco, en la víspera, el alcaide mayor Walter Javier Flores fue designado como el nuevo director de la cárcel de Oberá, quien será secundado por el alcaide principal Raúl Marcelo Meza como subdirector.
Dicha resolución se oficializó mediante la Disposición 851/16 que lleva la firma del alcaide general Miguel Ángel Maidana, director general del SPP.
La situación de disponibilidad de los ex directivos se extenderá hasta tanto se resuelva su situación judicial, conforme al Artículo 51 inciso “a” de la Ley XVIII N° 4.
Mientras dure la disponibilidad, los citados no cumplirán tarea alguna en el ámbito de la fuerza, al tiempo que percibirán una quita en sus haberes mensuales.
Sobre los nuevos jefes de la Unidad Penal II, el alcaide mayor Flores viene de cumplir la función de subdirector de la Unidad Penal VI de Posadas, mientras que Meza ostentaba el mismo cargo en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
Prueba clave
Como viene publicando El Territorio en exclusiva, existen documentos oficiales que corroboran que al menos tres internos condenados abandonaron el penal sin la correspondiente autorización judicial.
Se trata de reclusos que cumplen condenas por delitos graves y ni siquiera gozan de salidas transitorias, como tampoco están autorizados para las denominadas labores de acción civil que realizan los internos a favor de entidades de bien público, como ser escuelas y organismo públicos.
Si bien las órdenes de salida indican como destino el área de Servicio Social de la Policía, existen sospechas de que luego de realizar tareas en dicha dependencia, los internos hacían trabajos para los penitenciarios. En tal sentido, trascendió que varios días fueron vistos en un domicilio particular de Villa Stemberg.
Entre los reos que salieron varias veces sin permiso se encuentra Domingo Jesús Penteado (61), alías “la bestia misionera”, quien en 1984 asesinó a su propia madre y en 1995 violó y mató a una chica de 16 años.
También salían sin autorización judicial Rosalino Melo y Jorge Wasyluk, ambos condenados por abuso sexual con acceso carnal agravado.
El juez Francisco Aguirre, integrante del Tribunal Penal Uno, confirmó que “ninguno de los tres internos tienen autorización judicial para salir del penal. Por eso se hizo la correspondiente denuncia para que se investigue el caso a fondo”.
Incluso, se mostró sorprendido por la inconciencia de quienes avalaron las salidas de Penteado, quien lleva 21 años preso y para la junta médica sigue siendo muy peligroso para terceros, motivo por el que sistemáticamente le niega el beneficio de las salidas transitorias.
“Es gravísimo que salgan internos sin la correspondiente autorización judicial. El caso de Penteado me sorprende, porque ni siquiera está en condiciones de hacer labores en la chacra del penal por el peligro que implica. Ni su propia familia lo quiere recibir”, subrayó el magistrado.
Posibles sobreprecios
El Tribunal Penal impulsó una denuncia que se canalizó a través de la Fiscalía de Instrucción Dos, a cargo de la fiscal Miryam Silke.
Para el avance de la causa judicial será clave el cotejo de los libros de guardia de la unidad penal, puesto que en ellos deberían figurar todas las salidas hacia el exterior de los internos.
En total, son tres libros: un registro de novedades de la guardia interna y otro de la guardia externa, más un libro de novedades del puesto de control externo. En todos los casos, los números de salida son correlativos.
Según lo que se desprenda de la causa penal, los ex directivos podrían afrontar causas por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, fuentes de la institución mencionaron que el sumario administrativo podría avanzar en otras irregularidades, como el sobreprecio de la mercadería que consumen los internos y el personal de guardia.
Al respecto, expresaron serios reparos sobre la metodología de licitación para la compra de la carne por un monto de 100 pesos el kilo. Más allá del valor de por sí excesivo, trascendió que la proveedora sería la madre de un efectivo del SPP.
Llamativamente, la mujer no se dedicaría al rubro, sino que sería propietaria de una distribuidora de gas y tercerizaría la venta de carne al penal de Oberá. Para colmo, tampoco contaría con vehículos refrigerados y trasladaría la mercadería en la misma camioneta con la que reparten las garrafas.
Fuente: Territoriodigital
Debe estar conectado para enviar un comentario.