La decisión de ajustar los controles sobre licencias y adscripciones generó el enojo de un sector del sindicalismo docente que vio perder algunos privilegios. Hace unos días, el Frente Unidos de Trabajadores de la Educación, apadrinado por el diputado macrista Alex Ziegler, presentó una denuncia por supuestas irregularidades en el cobro del Incentivo Docente por parte de docentes que no están frente al aula. Lo curioso es que con el mismo argumento, varios de los denunciantes no deberían cobrar el adicional, como sí lo hacen Estela Genesini y al menos quince docentes de la comisión directiva de su agrupación que no encuadra en la ley, ya que carece de personaería gremial, pero no están frente a un aula desde hace años. Genesini goza de licencia gremial desde 2013 y hasta el 19 de este mes y cobra todos los beneficios, nacionales y provinciales.
La acusación del FUTE apunta a “funcionarios y empleados estatales que cobran como docentes a través de “escuelas fantasmas” sin desarrollar actividad alguna”. Sin embargo, fue el Consejo de Educación el que comenzó, bastante antes de la denuncia, un control exhaustivo de los beneficios, que a su vez son auditados por Nación desde 2009, mes a mes para habilitar los pagos. Ningún funcionario en el organismo cobra adicionales y muchos débitos también cayeron, además de que comenzaron a controlarse las licencias.
Si se comparan todos los cargos docentes del 2015 con los del 2016, hay 48 cargos docentes menos. “Estamos cuidando los recursos y algunos no están entendiendo”, señaló una fuente educativa.
Este tipo de denuncias solo logran poner en riesgo la continuidad de los adicionales para el conjunto de la docencia. La Provincia ya debe afrontar el pago del Incentivo con anticipos y haciéndose cargo de un porcentaje que dejó de enviar la Nación.
La denuncia del FUTE también revela un desconocimiento de la reglamentación de ley del Incentivo Docente. El acta del 8 de julio de 1999 especifica que accederán a la asignación especial los docentes que presenten servicios dentro del sistema educativo, cualquiera sea la situación de revista, tanto en la gestión estatal como privada subsidiada, en todos los niveles y modalidades. Es decir, no necesariamente debe estar frente al aula y puede realizar otras tareas dentro del sistema educativo.
Asimismo, los sindicalistas aseguran que hay quienes cobran en escuelas “fantasmas”. Para eso utilizaron la base de datos del Código Único de Identificación del Servicio Educativo. Pero el CUISE no necesariamente obedece a una escuela, sino que hay aulas satélites y otros estamentos educativos que tienen identificación y personal trabajando. “Están pidiendo que cerremos aulas”, ironizó un funcionario provincial.
En cambio, se encuentran excluidos del pago del Incentivo, los docentes que se encuentren en comisión de servicio, afectaciones, adscripciones o cambios de funciones o quienes estén fuera del sistema educativo, aunque no hayan perdido el derecho a percibir sus haberes mensuales.
En el Gobierno consideran que la denuncia tiene que ver con los privilegios perdidos por algunos sindicalistas, que están enrolados en la oposición. Por eso no sorprendió que sea Alex Ziegler el padrino de la denuncia. El legislador, con poco espacio en Cambiemos, necesita recuperar el centro de la escena para ser considerado antes de las elecciones de octubre.
La denuncia contra el Ministerio de Educación provincial, el Consejo General de Educación y el Gobierno de Misiones llegó la semana pasada a los tribunales de Comodoro Py y quedó en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita y la jueza María Servini de Cubría
Fuente: Economis.com.ar
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