El rumor fue creciendo desde muy temprano, pero por obvias razones nadie sabía ni quería confirmar nada. Todo se manejó bajo estricto hermetismo. La sede de Gendarmería Nacional que está sobre la avenida Libertad y su intersección con Andresito, el Escuadrón IX, parecía seguir su rutina diaria sin mayores sobresaltos.
Sin embargo, no fue un día normal. A media mañana empezaron a circular hombres de traje que no pertenecían a la fuerza, entrando y saliendo. No había móviles con luces ni se hicieron anuncios, como suele suceder siempre cuando este tipo de procedimientos se realizan por orden de la Justicia Federal.
Lo que sucedía era que iban a allanar el Escuadrón. “Nada que ver. ¿Por qué allanarían acá?”, expresaban con sorpresa los uniformados que trabajan en el lugar cuando fueron consultados por este medio. Ya cerca del mediodía confirmaron que los hicieron salir a todos afuera para que el operativo se haga correctamente.
Extensión de jurisdicción
La orden vino de la provincia de Entre Ríos y la dio el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Pablo Seró, en una investigación por infracción a la Ley 23.737: es decir, una causa por narcotráfico. Quienes dieron cumplimiento al oficio fueron los efectivos de Investigaciones de la Delegación de la Policía Federal de la misma localidad entrerriana.
El procedimiento, según se pudo saber, se replicó en el destacamento de Alba Posse, que depende de la Unidad obereña. Ambos se hicieron en un clima distendido, sin mayores complicaciones y con plena colaboración de los efectivos que prestan servicio en el lugar.
El hecho fue confirmado por El Territorio mediante fuentes judiciales y de la propia fuerza federal investigada. Como se trata de un pedido de un Juzgado Federal, no hace falta que intervenga la justicia local, sino que el juez a cargo de la causa puede prorrogar su jurisdicción, explicaron los especialistas.
El magistrado Seró ordenó hacer un recuento de toda la droga secuestrada que está guardada allí y además incautaron el libro de novedades que tiene cualquier unidad, donde se informa todo lo sucedido día a día. Los estupefacientes corresponden, según se indagó, a procedimientos realizados en la jurisdicción durante este año.
Lo que se investiga es si hay faltantes. Sin embargo, hasta ayer a la noche no había novedades oficiales sobre los resultados del procedimiento. Desde la fuerza, en tanto, expresaron que estaba todo en orden y que no se hallaron anomalías. Igual todo deberá ser cotejado.
En un principio se especuló que se trataba de la continuidad de los operativos que permitieron la incautación de casi 3.500 kilogramos en aquella provincia (ver página 23), pero esa causa tiene su origen en Córdoba y no tiene ninguna relación.
Según pudo investigar este matutino, la pesquisa se habría iniciado hace más de un mes e incluso, el juez ordenó y participó de dos operativos similares en Concepción. El segundo de ellos se llevó a cabo en el Escuadrón local el 22 de agosto. “En el primer allanamiento se secuestró documentación. Una de las hipótesis que se investiga es un faltante de droga secuestrada en operativos contra el narcotráfico”, expresaron en su momento fuentes consultadas por el diario La Nación.
También se incautaron cuatro cámaras de seguridad que están siendo peritadas por especialistas. Se trata, sin dudas, de un escándalo institucional.
Según esa misma publicación, todo comenzó por una denuncia anónima a un 0800 por “mal desempeño” del propio personal de Gendarmería Nacional del Escuadrón VI. Alertaron que se estaban robando la droga de los depósitos. Todo indica que esa mercadería ingresaba nuevamente al mercado negro.
En este sentido, también trascendió que los pesquisas se dieron cuenta en un operativo que los ladrillos de marihuana tenían sellos e inscripciones de procedimientos anteriores, algo que les pareció muy raro. Sin embargo, eso no se pudo comprobar de forma fehaciente.
Fuente: El Territorio