La semana pasada los choferes del transporte urbano realizaron asambleas en el marco de un reclamo salarial, lo que derivó en la interrupción del servicio y ocasionó innumerables contratiempos y reclamos por parte de los usuarios.
El martes no hubo colectivos de 9 a 11, mientras que el jueves el paro se extendió desde las 5 hasta las 7.30, un horario pico para miles de personas.
Desde el gremio que aglutina a los trabajadores del volante explicaron que la patronal adeuda el aguinaldo y la actualización salarial que estipula la escala pactada, aunque el viernes se comprometieron a depositar un primer pago para destrabar el conflicto.
En el medio, los usuarios quedaron a la deriva, escaseó información oficial y se incumplió la prestación de un servicio público concesionado por la comuna.
En tal sentido, la defensora del pueblo de Oberá, Patricia Nittmann, solicitó de manera urgente un informe a la prestataria, aunque todavía no obtuvo respuestas.
Ante la falta de información a su requerimiento, la defensora de Oberá convocó a una reunión para hoy a los responsables de la empresa, ocasión en la que insistiría con otros pedidos efectuados previamente y que tampoco fueron respondidos en tiempo y forma.
La postura del Deliberativo
También desde el Concejo Deliberante solicitaron información sobre el motivo de la suspensión del servicio y el necesario contralor del municipio.
Al respecto, el concejal Alejandro Etchberger manifestó que la Carta Orgánica Municipal refiere que el Ejecutivo debe garantizar la prestación de servicios públicos y asegurar las condiciones de regularidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios.
“Esperemos que el Ejecutivo municipal haya tomado las medidas y confeccionado las actas correspondientes para aplicar una multa y lo que corresponda ante esta falta de cumplimiento del servicio público”, subrayó el edil.
Por su parte, Guillermo Correa, director de Inspección General, opinó que “la empresa debe cumplir con el servicio y, en caso de una medida de fuerza, se debe cumplimentar una serie de requisitos. Acá no hubo ninguna presentación, por lo que acá choca el derecho de los ciudadanos a viajar con el derecho de los empleados que reclaman sus sueldos”, argumentó.
El Territorio
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