El Juzgado Federal de Oberá dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Diego Javier D. R. por considerarlo autor del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Hasta el momento de su detención, el sujeto se desempeñaba como cobrador del estacionamiento tarifado de la Municipalidad de Oberá, actividad que le habría servido de fachada para la venta de drogas, según lo determinaron las pesquisas.
Precisamente, tal como se cita en el expediente 1842/2019, la investigación fue ordenada por la propia Justicia Federal a partir de una publicación del diario El Territorio donde se expuso la problemática de la venta y consumo de sustancias prohibidas en la plazoleta Güemes de Oberá, ubicada en pleno centro de la ciudad, como también en el barrio Caballeriza.
Incluso, la situación fue alertada por familiares de personas que asisten a Narcóticos Anónimos (NA), quienes semanalmente se reúnen en sede de la diócesis de Oberá de avenida Sarmiento, justo frente a la plazoleta Güemes.
“Las Actuaciones Tuvieron su génesis a raíz de un informe periodístico obrante en el diario El Territorio”, se cita en una reciente resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas que rechazó el pedido de excarcelación presentada por la defensa del empleado municipal.
El mismo dictamen indica que a partir de dicho informe periodístico“se encomendó a la División Toxicomanía UR II de Oberá que efectúe las correspondientes tareas de investigación”, las cuales derivaron en la detención de Diego Javier D. R. y dos presuntos cómplices.
Las pruebas
Según se estableció, el imputado se desempañaba “como personal de cobro de estacionamiento delaMunicipalidaddelalocalidaddeOberá,cumpliendofunciones enlascallesaledañasalaPlazaSanMartínyrealizandoensuhorario de trabajo actividadeseninfracciónalaLeydeEstupefacientes,esta circunstancia fue advertida por vecinos de la zona, residiendo el mencionado en calle A. Gastaldo, entre calle Apóstoles Norte y Puerto Belgrano de Oberá”, consta en el expediente.
En base a las pruebas, entre ellas fílmicas, se ordenó una serie de allanamientos, al tiempo que el 7 de julio personal policial interceptó a un presunto comprador en Villa Gunther, quien manifestó que el empleado municipal le vendió droga.
“… la sustancia la adquirió el domicilio de. R.,por un monto de 500 pesos”, precisa la causa.
Asimismo, tareas de vigilancia efectuadas en el domicilio del imputado dieron cuenta del fluido ingreso egreso de personas en diferentes horarios. En tanto, la requisa personal del sujeto dio con resultado el hallazgo de 535 pesos.
“Se continuó con la inspección demora del encartado, obteniéndose como resultado un envoltorio plástico que contenía una sustancia de color blanca polvorienta de similares características a la cocaína; además, contiguo a este envoltorio, se incautó un billete de 500 pesos y un estuche tipo monedero en cuyo interior fueron habidos cuatro envoltorios similares al anterior.Elpesajearrojóuntotalde seisgramosdeclorhidratodecocaína”, incida el expediente.
En el allanamiento también se incautaron cuatro teléfonos celulares y una billetera femenina con 29 recortes envoltorios plásticos y dos envoltorios con cocaína, cuyo pesaje fue ocho gramos. Todos elementos que avalaron la prisión preventiva.
Continúa en prisión
Por su parte, en el escritodeapelaciónla defensa del empleado municipal atacó la calificación argumentando que “no se logró construir el necesario grado de certeza respectode lafinalidaddecomercializacióndelestupefacienteporpartedeD. R.”.
En ese sentido,se expresó que“no existen elementos objetivos en autos que logren dar fundamento a lo resuelto y que los registros fílmicos no resultan categóricos para demostrar la figura imputada, lo que implica una afectación directa a las garantías constitucionales de defensa en juicio debido proceso”.
En base a esos argumentos concluyó que al no haber indicios suficientes, es decir en caso de duda,deberá aplicarse el principio “indubio pro imputado”.
De todas formas, para la Cámara el allanamiento realizado y la sustancia hallada en el domicilio del imputado “se erigen como extremos de convicción por demás suficientes,para que esta etapa procesal se justifique la calificación legal atribuida al imputado D. R.”.
También se remarcó que para el caso se entiende que“la prisión preventiva opera dentro de sus justos parámetros legales que habilita a mantenerla, pues ésta en modo alguno puede ser entendida como definen sí misma, sino y como bien lo destaca este Tribunal de Alzada,como un medio eminentemente asegurativo a los efectos de alcanzar los más altos valores verdad justicia”.
Además, la resolución indica que la detención del imputado no resulta razonable habida cuenta que fue detenido hace recién tres meses.
Por ello, los jueces Mario Osvaldo Boldú, Mirta Delia Tyden de Skanata y Ana Lía Cáceres de Mengoni resolvieron no hacer lugar al recurso de apelación y confirmaron la prisión preventiva contra el obereño.
Flagelo que crece
La descripción corresponde a una nota publicada por este matutino a principios de año, dando cuenta de una realidad que golpea a los diferentes estratos de la comunidad obereña.
La situación de la plazoleta Güemes fue alertada por un grupo de madres que habitualmente acompañan a sus hijos a las reuniones de autoayuda y los esperan en la plazoleta. Así, observaron operar a los traficantes a pocos metros de la Seccional Primera de Policía.
Posteriormente, desde la Pastoral de Adicciones reclamaron acciones concretas para combatir el flagelo, al tiempo que brindaron una serie de datos que estremecen y exigen medidas concretas.
En promedio, el consumo en Oberá se inicia a los 10 años. A esa edad los chicos fuman marihuana, aspiran tolueno y combinan clonazepam con alcohol. También se dieron casos de niños de 5 años que consumen, alertaron
Explicaron que el narcomenudeo que se nutre de menores que venden para consumir, futuros “soldaditos” de la organización, y en todos los barrios hay “kioscos” de drogas.
En tanto, alrededor del 70 por ciento de los menores judicializados son consumidores de sustancias adictivas, mientras que en los últimos cuatro años se incrementó un 15 por ciento el delito juvenil.
