Las activistas, que desde hace 14 años impulsan la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo
Pidieron una audiencia al presidente electo, luego de su mensaje en favor del aborto legal, seguro y gratuito realizado en la UNAM, México.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito “saludó” las palabras del presidente electo Alberto Fernández con respecto a la necesidad de legalizar el aborto, sacarlo del Código Penal y entenderlo como “un problema de salud pública”.
A través de un comunicado de prensa con el título “¡Aborto legal ya!”, además, le pidió a Fernández una audiencia para que reciba a una delegación de activistas de esa articulación conformada por alrededor de quinientas organizaciones de mujeres, disidencias, derechos humanos, sindicales, y políticas, que desde hace 14 años impulsa la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria de embarazo.
“Los debates que tuvieron lugar en el Congreso de la Nación entre marzo y agosto de 2018, las movilizaciones, la gran marea verde y las estrategias impulsadas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito durante 14 años, hacen que al día de hoy el aborto esté despenalizado socialmente y que nuestra sociedad deja de lado las hipocresías. Necesitamos que la autonomía reproductiva sea una realidad y que el aborto sea reconocido como un derecho.
Octavo proyecto de ley
Este año, la Campaña presentó por octava vez un proyecto de ley que incluye modificaciones en relación al anterior, teniendo en cuenta los aportes que se incorporaron durante la discusión parlamentaria. “Es con urgencia que nuestro país necesita de una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito, está en juego la salud, la vida de las mujeres y de las personas gestantes. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una deuda de la Democracia”, dice el comunicado.
La postura de Fernández colisiona con los artículos que abordan el tema del aborto en el proyecto de reforma del Código Penal, que envió el presidente Mauricio Macri al Senado este año. El texto elaborado por una comisión de juristas convocada por el Gobierno no solo propone que el aborto siga penalizado sino que además crea nuevas figuras como el “aborto culposo” –por imprudencia o negligencia– y le da estatus jurídico al feto al incorporar como delito la “lesión a la persona por nacer” en forma dolosa y culposa, ampliando la amenaza persecutoria para los profesionales de la salud. Y aunque reduce de 4 a 3 años el castigo máximo para las mujeres que abortan –convirtiéndolo en delito excarcelable–, les otorga a los jueces el poder discrecional de perdonarles la pena.
En cambio, el proyecto de la Campaña despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación (como ya está vigente desde 1921 en el Código Penal). Establece que en todos los casos, se debe garantizar la práctica en el sistema de salud, público, privado y de obras sociales dentro de los cinco días de requerida y que las prestaciones deberán estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio.
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