Es por la afectación que sufre la provincia por las cautelares que benefician a algunas tabacaleras y les exime de pagar impuestos internos. Advierten que Misiones pierde miles de millones y los productores verán mermados sus recursos.
El diputado Isaac Lenguaza y el bloque del Partido Agrario y social (PAyS) elevaron un proyecto de comunicación por el cual le piden al Poder Ejecutivo que instruya a la Fiscalía de Estado para evaluar la defensa judicial de los recursos del FET que le pertenecen a la provincia y que están siendo seriamente afectados por la vigencia de medidas cautelares que benefician a algunas tabacaleras, eximiéndolas de pagar los impuestos internos establecidos por la Ley 27430.
Puntualmente, solicitan que se analice la viabilidad de que la provincia intervenga como tercero, amicus curiae y/o cualquier otra figura factible en el expediente “Tabacalera Sarandí SA c/ EN – AFIP – DGI s/ Proceso de Conocimiento” que se encuentra en análisis en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Paralelamente, la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) que preside el dirigente y diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, analiza también presentarse a la justicia en defensa de los recursos de sus asociados, tal como ya lo hicieron hace algunos días las entidades de Salta y Jujuy.
La tabacalera Sarandí SA, así como la tabacalera Espert y otras menores, están eximidas de pagar el impuesto interno a los cigarrillos por la vigencia de las medidas cautelares otorgadas por el fuero federal que la Corte debe definir si están bien o mal aplicadas. También, a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos, debe definir la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad del impuesto en sí. La decisión es de enorme impacto en las provincias tabacaleras, ya que ese gravamen, junto con otros impuestos, compone el Fondo especial del Tabaco.
La provincia de Misiones perdió $4.200 millones en el período 2016-2020 y $1.900 millones solamente en 2020, producto de las medidas cautelares.
Si la Corte declara inconstitucional el Impuesto Interno Mínimo, ninguna empresa tabacalera querrá pagarlo y la provincia de Misiones perdería $3.100 millones en el 2020, de los cuales $2.000 millones serían del Fondo Especial de Tabaco.
“Pedimos que la Fiscalía de Estado analice si es viable la defensa judicial de estos recursos y vamos a pedir que todos los bloques acompañen esta solicitud en defensa de nuestros productores, porque no solo se afectan los recursos tributarios de la provincia, sino también la calidad de vida, la salud y la economía de 14 mil productores tabacaleros que con el FET sostienen sus servicios de salud, los planes de diversificación, el retorno, la caja verde” expresó Lenguaza.
Bárbaro, en tanto, mantuvo contactos con referentes tabacaleros de otras provincias y anticipó que plantearán alguna estrategia conjunta que frene de una vez la sangría de los recursos del FET a través de la elusión impositiva.