En los últimos días, los usuarios del servicio del transporte público de Oberá se vieron afectados por paros realizados por los chóferes de la empresa Capital del Monte y ante esta situación, la Defensora del Pueblo, Patricia Nittmann y el asesor legal, Hugo Lesiuk, solicitaron al Ejecutivo Municipal apliquen sanciones a la empresa.
“En referencia a los últimos paros de colectivos urbanos solicitamos se le apliquen sanciones conforme lo establece la cláusula 7° del contrato de concesión de servicios públicos existente entre el Municipio y la empresa de transporte”, expresan en la nota enviada al Intendente Carlos Fernández.
Además agregan en la redacción, “considerando que los incumplimientos en estos últimos tiempos fueron consuetudinarios, avasallando garantías constitucionales de los obereños, solicito se aplique la pena máxima establecida en el artículo mencionado, 2°parr., en este caso, resolver el contrato de pleno derecho, reclamando así los daños y perjuicios ocasionados por el concesionario a los usuarios”.
Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo, siempre que hubo paro por parte de los trabajadores de la empresa, solicitó se aplique sanciones. Teniendo presente que la Defensoría del Pueblo no tiene poder de policía para ejecutar sanciones. En este caso quién aplica la sanción es la Municipalidad de Oberá porque es quién ejecuta el contrato de concesión.
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