El voluminoso expediente derivado de la investigación de un juzgado federal porteño que concluyó con la incautación de 6.080 kilogramos de marihuana en un camión cargado con frutas de sandía hace poco más de un año, pasó a la órbita del titular del Juzgado Federal de Oberá, José Luis Casals, quien deberá continuar con la pesquisa hasta capturar al supuesto cabecilla de la organización narcocriminal: Mario Federico Arriola (54).
La decisión fue tomada recientemente por la Cámara Federal de San Martín, bajo el argumento de que tanto el grueso de las investigaciones como el procedimiento de incautación y las consecuentes detenciones ocurrieron en Misiones, con epicentro en esa ciudad de la zona Centro. Entonces, los camaristas entendieron que Casals es el indicado para lograr la desarticulación total de la banda que actualmente tiene prófugo al ex dirigente político oriundo de la localidad de Garuhapé.
La tarea encomendada no es sencilla. Es que Arriola está sindicado como financista y dueño del millonario cargamento de marihuana. En base a eso suponen que cuenta con suficiente logística como para mantenerse en la clandestinidad todo el tiempo que sea necesario, contando incluso con la ayuda de terceros.
Un claro ejemplo de eso es cómo logró eludir su detención, el 15 de febrero del año pasado. La investigación del Juez Federal Uno de la ciudad de San Martín, Emiliano Canicoba, concluyó que tuvo ayuda de un policía federal identificado como Rolando Daniel Cabrera, actualmente preso.
El Grupo de Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) que hizo pie en Oberá descubrió mediante escuchas que en casi dos meses ambos se comunicaron decenas de veces por teléfono y en ese contexto el misionero recibió información sensible respecto de la causa por la cual está siendo buscado.
Fuga planificada
Las pruebas que tiene el magistrado sobre la relación del prófugo con el uniformado son contundentes. Una escucha telefónica da cuenta que Cabrera le hizo saber sobre el oficio en que se ordenó su captura, cuando su obligación era ejecutarla, y ante eso el misionero le manifestó que se iba a ausentar de su domicilio. Se fugó.
También surge en otra comunicación que el uniformado le sugirió encontrarse para “tratar de arreglar” su situación en el juzgado, e incluso en un extracto del diálogo que figura en el expediente su colaboración queda explícita cuando le dice “…como le dije a su hermana, no es que quiero ir a detenerlo a usted en frente de su casa ni de su barrio para que quede mal parado, a lo mejor ni siquiera es algo importante…” (sic).
En su descargo el federal admitió que debió efectivizar la detención y que se equivocó en dejar escapar a Arriola, pero su aporte fue fundamental y por eso fue procesado con prisión preventiva por “encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave, por haber actuado con ánimo de lucro y por su condición de funcionario público”.
Por el lado del misionero, con una orden de captura la Policía Internacional (Interpol) insiste sin éxito en detectar su escondite. En prisión esperan sus presuntos cómplices: Luis Ramón Blanco (alias Tati), Carlos Javier Díaz (Chachi) y Carlos Rodolfo Zabala (Brasilero).
Los dos primeros son oriundos de Eldorado, uno sindicado también como nexo con el abastecedor de la droga, y el otro, camionero, encargado del transporte. El tercero, en tanto, es obereño y su nombre había sido mencionado en las escuchas de una causa anterior -con incautación de una tonelada de marihuana en Salto Encantado- que terminó siendo la punta del ovillo de la causa Narcosandía.
Estaba con libertad condicional
Mario Arriola no es un desconocido en el mundo narco misionero. Sus vínculos con otras bandas dedicadas al tráfico de drogas lo mantuvieron varios años en prisión, aunque en esa condición estudió y redujo la pena impuesta, logrando obtener la libertad condicional.
Los registros del Tribunal Federal de Posadas marcan que el 24 de octubre de 2014 fue sentenciado a tres años de cárcel como partícipe secundario de “transporte de estupefacientes agravado” al estar vinculado con una carga de 2.500 kilos de marihuana entre frutas de mamón. En ese momento la pena fue unificada con otra anterior de siete años (de 2012) por transportar mil kilos de la misma sustancia disimulada en bolsas rellenas con viruta de madera, haciendo una condena única de siete años y tres meses.
Fue alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. El 7 de octubre del 2015 terminó beneficiado con la reducción de tres meses por logros educativos, medida que se repitió el 13 de junio de 2016 y con eso alcanzó el periodo de libertad condicional, que llegó de inmediato fijando como domicilio el barrio Iprodha, en Garuhapé Mí.
El 2 de agosto de 2016 los jueces accedieron bajo el argumento de que su egreso “permitirá reforzar los vínculos familiares a efectos de proyectar el ingreso al mercado laboral desarrollando tareas lícitas”. Nada de eso ocurrió. Un año y dos meses después retornó a la clandestinidad permaneciendo 382 días en esa condición.
Fuente: El Territorio
