El decreto nacional que prorrogó por 180 días la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago no está en vigencia en Misiones ya que la provincia no adhirió a su instrumentación hace tres meses, ni tampoco a la prórroga que se conoció esta semana.
Las cooperativas del interior están efectuando cortes ante la generación de dos o tres boletas impagas, informó el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM), Ángel Kuzuka.
“Sabemos que la provincia de Misiones no adhirió al decreto que impedía cortar por tres facturas impagas y no tenemos notificación de esta nueva prórroga”, explicó.
“La situación de las cooperativas eléctricas de Misiones es muy preocupante porque nuestra recaudación ha disminuido y tenemos que seguir prestando los mismos servicios afrontando los mismos costos”, remarcó el titular de la FECEM.
A la vez, dijo que “tengo entendido que el Gobierno ha instrumentado una tarifa social provincial que ayuda a las familias de escasos recursos, para que paguen menos los que consumen menos”.
Kuzuka agregó: “Supongo que la Provincia tampoco va a adherir a este nuevo decreto porque ya se hizo una ayuda muy grande a las familias misioneras y las cooperativas tenemos que seguir recaudando para seguir funcionando”. Agregó que “los que tienen problemas económicos deben hacer el esfuerzo para pagar porque si las boletas se acumulan se le hará más complicado”.
Otro tema que genera preocupación hacia el futuro es la negociación que está realizando la Federación Nacional de Luz y Fuerza con la FACE (Federación Argentina de Cooperativas) para otorgar un bono a los trabajadores del gremio.
“Ahora se nos hace difícil cumplir con nuestros compromisos así que seguramente, cuando se apruebe este bono, será mucho más difícil todavía”, dijo el cooperativista.
Kuzuka reconoció que la facturación de las cooperativas “se mantiene bastante parecida a los meses anteriores porque la gente está en su casa y consume energía”, en cambio “la recaudación cayó mucho, en forma dispar, de acuerdo a las industrias de cada región”. “Por ejemplo -dijo- Eldorado es una de las que más caída tuvo en su recaudación y Puerto Rico una de las que menos”.
El lunes hubo una reunión donde Kuzuka, Fernando Acosta (tesorero de la CEEL de Eldorado) y Rubén Stockmayer (presidente de la CEML de Montecarlo) le plantearon al Gobierno la necesidad de contar con una asistencia para enfrentar los compromisos. Por el Gobierno participaron, el gobernador Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el presidente de EMSA, Guillermo Aicheler y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.
Desde el Gobierno provincial un importante ministro también confirmó que no se va a adherir a la prórroga porque el Gobernador ha dispuesto una tarifa social provincial para ayudar a las familias de bajo consumo y también ha establecido una serie de beneficios para los consumidores en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Decreto nacional
La Nación, mediante el decreto 543/2020 amplió de tres a seis las facturas impagas consecutivas o alternas, que un usuario incluido dentro del grupo de personas en situación de vulnerabilidad, podrá acumular sin que la empresa de cualquiera de los servicios pública pueda interrumpir el suministro (eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable).
Los incluidos son los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE); de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, actualmente en $16.875; monotributistas sociales; y jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVM.
También, están comprendidos los monotributistas que no superen en 2 veces el salario mínimo; los que perciben seguro de desempleo; los electrodependientes; las empleadas domésticas.
Además, se dispuso ampliar por otros 180 días, hasta fin de este año, la vigencia del congelamiento de las tarifas de servicios públicos.
FUENTE: PRIMERA EDICIÓN
