Transcurridos dos años de la denuncia contra cuatro policías obereños por torturas en perjuicio de un menor, finalmente el Juzgado de Instrucción Dos imputó a los funcionarios por abuso de autoridad y lesiones, aunque todos continúan prestando servicio en el ámbito de la Unidad Regional II.
El expediente 139020/20 investiga el accionar de los policías César Maximiliano R., Efraín Gustavo Z., Matías Gabriel D. y Lautaro Gustavo H. En los próximos días los implicados serán citados a indagatoria, precisó un vocero del caso. Asimismo, mencionó que la demora en el avance del expediente se habría debido a las restricciones que oportunamente impuso la pandemia de Covid-19.
En tanto, desde la familia de la víctima cuestionaron la demora judicial y subrayaron que “la causa comenzó a moverse cuando solicitamos los requisitos para constituirnos como querellantes, ya que hasta entonces estaba cajoneada”.
La denuncia fue radicada por la madre de un menor de 15 años que manifestó que los policías lo golpearon y torturaron, al punto que le colocaron una bolsa plástica en la cabeza y amenazaron con asesinarlo si contaba lo sucedido. El hecho se registró en la madrugada del 13 de diciembre de 2020, luego de que una patrulla del Comando Radioeléctrico Centro de la UR II detuvo al adolescente en avenida Andresito y calle Costa Rica de Oberá.
“Contó que le dieron patadas en la cabeza y le pusieron una bolsa en la cabeza. Le hicieron cantar el himno y, si se equivocaba, lo golpeaban en la cabeza. Todo el rato le decían que lo iban a matar. Dice que levantaba la mirada y le pegaban”, precisaron. Las lesiones que presentaba el menor fueron constatadas por el médico policial en turno y corroboradas por profesionales del ámbito privado.
Paciente psiquiátrico
En diálogo con los familiares solicitaron la reserva de sus identidades, primero para preservar al menor y, segundo, por temor a represalias de los policías implicados, ya que todos siguen en funciones.
Precisaron que previo al hecho el chico se hallaba en tratamiento psiquiátrico. En ese contexto, la noche del 12 de diciembre de 2020 se escapó y su hermana llamó a la Policía para solicitar ayuda en la búsqueda.
“En primera instancia acudieron dos efectivos de Motorizada, le mostramos una foto para que lo identificaran y fueron muy amables. A su vez les pasaron la información al Comando y quedamos a la espera”, precisaron.
Tras varias horas de angustia, en la madrugada del domingo 13 recepcionaron un llamado solicitando que se presenten ante la Seccional Segunda para retirar al menor.
Una vez en el lugar, el personal de guardia les informó que alrededor de las 3 de la mañana lo encontraron por avenida Andresito y Costa Rica.
El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando, quienes en primera instancia lo trasladaron a la Sección Quinta de Cien Hectáreas y luego a la Segunda.
“Cuando lo vimos todo golpeado no podíamos creer lo que le hicieron. Tenía los ojos inyectados de sangre, la cabeza y los oídos hinchados”, lamentaron.
El menor relató que los policías lo esposaron, golpearon, le apuntaron con un arma de fuego y le colocaron dos bolsas plásticas en la cabeza.
En primera instancia logró romper la bolsa con sus propios dientes, ya que al estar esposado no tenía otra opción para evitar la asfixia. Fue entonces que los uniformados decidieron colocarle una segunda bolsa en la cabeza, siempre según lo que declaró la víctima.
“Vamos a ver si ahora podés romper esta”, contó que le dijeron entre risas, tras lo cual continuaron golpeándolo.
Actuó de la CPPT
Ante la publicación de los detalles del caso intervino la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), al tiempo que los cuatro policías denunciados fueron relevados del Comando y asignados a otras dependencias.
El caso salió a la luz en los medios de comunicación y en los días posteriores dos integrantes de la CPPT llegaron a Oberá para entrevistarse con la víctima y su familia.
Luego acompañaron a la madre a ratificar la denuncia penal ante la fiscalía de Instrucción Dos.
En tanto, el presidente de la CPPT, Eduardo Magno Scherer, comentó detalles de un hecho que calificó como “repudiable” y “repugnante”, al tiempo que alertó sobre la reiteración de este tipo de prácticas ilegales en el ámbito de la UR II de Oberá.
“Este chico es un paciente psiquiátrico que fue pasible de un montón de actitudes que son totalmente repudiables, prácticas que estamos tratando de erradicar de la provincia de Misiones y que, de constatarse que esto realmente ocurrió, la verdad que es una violación de los Derechos Humanos de lo más repugnante que nos pueda ocurrir y nos hace acordar a prácticas de la dictadura militar, del gobierno de facto que tanto daño nos hizo a todos los argentinos”, subrayó Scherer.
Y agregó: “Es repudiable y nos avergüenza tener agentes de las fuerzas de seguridad que todavía sostengan este tipo de prácticas, sin perjuicio de que se está investigando”.
Además, subrayó que la gravedad de este caso en particular radica en la edad de la víctima y su estado de vulnerabilidad previo, ya que presenta un cuadro psiquiátrico.
En tanto, tras la reciente imputación a los policías, desde la familia cuestionaron que “la carátula sea sólo por abuso de autoridad y lesiones, cuando en realidad hubo torturas”.
Fuente, El Territorio.
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