La investigación fue iniciada a raíz de una Denuncia radicada por una víctima, en el asiento de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “GOYA”, en la que se anoticia sobre conductas que estarían relacionadas con la explotación laboral en zona rural, en el Paraje La Loma, departamento de Lavalle, provincia de Corrientes.
Durante las primeras horas de la mañana del día de ayer, el personal de la Fuerza concretó, por disposición del Juzgado Federal de la ciudad de Goya, el registro de un campo de cultivo de hortalizas con el objeto de corroborar o descartar la existencia de elementos relacionados con el delito investigado.
En la Operación intervino personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “GOYA”, con el apoyo de efectivos de la Patrulla Fija “Santa Lucía”, dependientes del Escuadrón 48 “Corrientes”, acompañados por profesionales perteneciente al Programa de Rescate y Acompañamiento a las Victimas de Trata de Personas y del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata Delegación “NEA”, personal de la Dirección Nacional de Migraciones de Corrientes, AFIP-DGI de Chaco, Ministerio de Trabajo de Chaco, Aguas de Corrientes y personal de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados de Corrientes.
En el predio se hallaron 65 personas, 53 de ellas mayores de edad, quienes serían las presuntas víctimas del delito de Trata de Personas. Asimismo, mediante la requisa del lugar lograron incautarse $ 49.268.800 en moneda nacional, u$s 317.800 dólares, 2 armas cortas, 58 municiones calibre 9 mm, 34 municiones calibre .38, dos máquinas para contar billetes, 7 teléfonos celulares, 1 notebook, dos dispositivos para videovigilancia DVR y documentación de interés para la causa.
En el marco de la causa que investiga los hechos, el día de mañana las presuntas víctimas declararán en cámara Gessel.
Estos procedimientos se enmarcan en las Directivas y Disposiciones vigentes emanadas desde la Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación, diseñados para la prevención y represión de este tipo de ilícitos, los cuales representan una de las peores formas de menoscabo a los derechos humanos y afecta directamente a la dignidad, libertad e integridad física y psíquica de las personas, restringiendo sus libertades fundamentales.
