La iniciativa oficial propone penas de hasta 20 años de prisión y multas millonarias en barriles de petróleo para las empresas que exploten recursos sin autorización. Además, crea un Consejo de Seguridad Nacional y un protocolo de protección aeroespacial.
El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Defensa de Soberanía por Malvinas, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra las empresas que operen de manera ilegal en las islas y establecer un nuevo marco de protección para los recursos naturales del Atlántico Sur. El presidente Javier Milei defendió la propuesta a través de una carta en sus redes sociales: “Todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente para defender de manera efectiva la causa Malvinas”.
La propuesta oficial no se limita únicamente a la actividad petrolera, sino que amplía el alcance de las penalizaciones a la explotación de cualquier recurso renovable o no renovable, lo que incluye de forma directa a la pesca ilegal en la zona exclusiva. En la misma línea, el mandatario nacional convocó a las distintas fuerzas políticas a respaldar el tratamiento legislativo de manera urgente: “No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”.
Sanciones severas y control de la frontera marítima
El texto de la ley introduce una escala de penas de prisión que van desde los 5 hasta los 20 años para quienes realicen tareas de exploración o extracción sin el permiso de la autoridad competente. Las multas económicas se calcularán en base al valor de barriles de petróleo, con topes que pueden alcanzar los tres millones de barriles. Asimismo, se contempla la inhabilitación comercial por el doble del tiempo de la condena y la rescisión de contratos vigentes en el territorio continental para las firmas infractoras.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la creación de un protocolo de protección aeroespacial y marítima, el cual faculta a las fuerzas de seguridad a detectar, identificar e interceptar buques y aeronaves hostiles. En el ámbito del mar, la normativa prevé una serie de pasos escalonados ante la presencia de embarcaciones irregulares: se realizarán advertencias verbales, luego disparos de advertencia y, en caso de extrema necesidad, se habilitarán medidas para inutilizar la embarcación.
Por otra parte, el proyecto establece la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano rector que estará liderado por el propio Presidente de la Nación y contará con la participación permanente de los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, junto al Secretario de Inteligencia de Estado. Este consejo tendrá la potestad de aplicar restricciones financieras y cambiarias ante amenazas externas, además de coordinar la custodia de la infraestructura crítica del país.
