Una medida que el sector empresario venía reclamando desde hace años ya tiene fecha y condiciones de aplicación. La Agencia Tributaria Misiones reglamentó la suspensión del cobro anticipado que se exigía en los controles fiscales de ruta para mercaderías que ingresaban a la provincia, un mecanismo cuestionado por su impacto financiero sobre empresas y transportistas.
El Boletín Oficial de Misiones publicó este viernes las resoluciones de la Agencia Tributaria Misiones (ATM) que establecen un nuevo esquema de control fiscal, con la suspensión del pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal en ruta.
La medida regirá desde el 1 de julio de 2026, con una vigencia en principio de 12 meses, en sintonía con el anuncio realizado por el gobernador Hugo Passalacqua en la apertura del actual período de sesiones de la Cámara de Representantes de la provincia. La medida complementa la Resolución N.º 329/2026 del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y establece los procedimientos operativos que regirán desde el 1 de julio próximo.
La normativa tiene como objetivo implementar el esquema de flexibilización dispuesto por el Gobierno provincial para reducir la carga administrativa y operativa tanto de los contribuyentes como de la administración tributaria, sin derogar los regímenes vigentes de pago a cuenta previstos en las resoluciones generales 056/2007 y 044/2021, que continuarán aplicándose en los aspectos no modificados por el nuevo régimen.
Esta medida representa que unos 16.500 pequeños y medianos contribuyentes misioneros quedarán excluidos de oficio, sobre un total de 17.300, mientras que poco más de 800 grandes empresas continuarán sujetas al pago a cuenta, pero bajo un esquema global, digital, mensual y simplificado, lo que reducirá costos administrativos.
Categorización mensual
Entre las principales disposiciones, la Dirección General de Rentas deberá confeccionar y actualizar mensualmente un padrón de contribuyentes alcanzados por el sistema, en el que se identificará a los sujetos incluidos, excluidos o considerados nuevos contribuyentes. La categorización tendrá efectos legales y operativos para determinar las obligaciones exigibles en los puestos de control fiscal.
La resolución también precisa quiénes podrán ser considerados nuevos contribuyentes a los efectos de acceder a los beneficios de simplificación. Para ello, deberán acreditar una antigüedad mínima de tres meses de inscripción activa ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al momento de solicitar su inscripción en la provincia. Quienes no cumplan con ese requisito quedarán excluidos de los beneficios y deberán continuar tributando bajo el régimen general.
Como parte de la implementación, se creó el Formulario SR-341 Informativo, que deberá ser generado previamente por los contribuyentes excluidos de oficio y por los nuevos contribuyentes alcanzados por el régimen especial. El documento tendrá carácter exclusivamente informativo y servirá para acreditar, en los controles en ruta, las operaciones realizadas y la documentación respaldatoria de la mercadería transportada.
La resolución también garantiza la continuidad de los certificados de exclusión particular otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo esquema. Dichos certificados mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento prevista. Una vez cumplido ese plazo, la Dirección General de Rentas evaluará de oficio la situación fiscal de cada contribuyente para asignarle una nueva categorización y notificará la decisión a través del domicilio fiscal electrónico.
Sectores empresarios respaldan la nueva política fiscal
La resolución que el Gobierno de Misiones publicó este viernes en el Boletín Oficial consolida el anuncio realizado hace poco más de un mes por el gobernador Hugo Passalacqua de eliminar la denominada “aduana paralela”, una medida que genera un respaldo generalizado del sector empresario de la provincia, tras ser reclamada históricamente.
La Confederación Económica de Misiones (CEM) valoró que el Ejecutivo “reconozca explícitamente” que los controles fiscales en los ingresos a la provincia afectaban la competitividad, y enfatizó que el desafío central radica en transformar este cambio en una política sostenida y no en una solución de carácter temporal.
Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró que la medida “reconoce expresamente que el actual contexto macroeconómico, caracterizado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa en la dinámica productiva y comercial de la provincia”.
Comerciantes y pequeñas y medianas empresas también expresaron su respaldo. Para empresarios locales, esta medida no solo responde a una necesidad comercial inmediata, sino que también abre una oportunidad para pensar en un modelo económico provincial más competitivo, dinámico y con mayores posibilidades de crecimiento para empresarios, trabajadores y consumidores.
