Una banda narco que depositaba marihuana en Brasil mediante una chacra de la frontera seca, en Bernardo de Irigoyen, fue condenada por la Justicia Federal a penas de 3 a 6 años. Si bien un integrante aún permanece prófugo, fueron los cinco detenidos por el hecho quienes accedieron a un juicio abreviado, admitiendo así sus responsabilidades en la maniobra.
El fallo estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas, compuesto por los jueces Manuel Jesús Moreira – presidente- , Norma Lampugnani y Víctor Antonio Alonso y recayó sobre Daniel Vedoy (37), Sergio Faustino Dávalos (35), Walter Antúnez de Lara (35), Leandro David Kawalec (38) y Renato Adán de Acevedo (57).
Vedoy, Dávalos, Antúnez de Lara y Kawalec fueron condenados a seis años de prisión por almacenamiento y transporte de estupefacientes en concurso real agravado, mientras que a De Acevedo, quien era dueño de la chacra lindante con Brasil por donde se pasaba la droga, lo sancionaron con tres años de ejecución efectiva por facilitación del lugar para la comisión de delitos.
Como ya informó en diversas oportunidades El Territorio, la investigación sobre esta organización estuvo a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, presidido por el juez Miguel Ángel Guerrero. Se trata de un expediente con muchos puntos de contacto con el caso que investiga a la denominada Banda del Norte, desmantelada en Wanda meses antes y con la que compartían “proveedor, modus operandi, ruta, destinos”, aunque los investigadores aclararon que no eran interdependientes.
La pesquisa policial estuvo a cargo de la Departamento Triple Frontera de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal (PFA), que hizo seguimientos, sacó fotos e intervino las líneas telefónicas de todos los implicados. Finalmente, el 29 de diciembre de 2016 hicieron varios allanamientos e incautaron más de 400 kilogramos de marihuana y varios vehículos, algunos de ellos con patente brasileña, aunque no todos fueron detenidos.
En su momento los investigadores describieron a los implicados como “amos y señores” de la zona, detallando incluso que tenían relaciones con el gobierno municipal (ver El perfil del sindicado cabecilla), algo que siempre fue negado.
La lupa sobre la banda se posó, según se desprende del fallo al que tuvo acceso este medio, luego de una denuncia anónima ante la Fiscalía Federal de la Capital del Trabajo, radicada en mayo del 2012. El informante por ese entonces señaló directamente a Antúnez de Lara como responsable del comercio de estupefacientes desde el barrio Evita de Irigoyen. Era una situación conocida, puesto que nadie se sorprendió en el pueblo cuando allanaron su casa.
Sobre ese dato se avanzó y se pudo identificar a los demás participantes, además de establecer que la organización ingresaba la droga desde Paraguay -por Wanda- y las llevaba a Brasil y a los grandes centros de consumo de Argentina. En el país extranjero las ganancias eran mucho mayores por la conversión de reales a pesos.
El golpe y la droga
Las escuchas revelaron como Walter Antúnez de Lara, Leandro Kawalec, Sergio Faustino Dávalos y Daniel Vedoy coordinaban el transporte de la droga, por lo que los policías federales vieron el momento justo para atacar.
“El 29 de diciembre de 2016, de una vigilancia montada en el domicilio de Antúnez de Lara se observó la llegada del vehículo de Daniel Vedoy, un Chevrolet Astra, dominio colocado BNJ 569, que luego se dirigió hacia la chacra propiedad de Renato Acevedo -que quedaba sobre la ruta nacional 101-, desde donde sacaron detrás de la vivienda una camioneta de color gris hacia el cruce de salida del predio, yendo por delante el auto de Vedoy”, detalla el fallo.
Los pesquisas detuvieron los vehículos, pero el conductor de la S10, radicada en Brasil, descendió y se dio a la fuga. Dentro de ella terminaron secuestrando quince bolsas con 40 paquetes que pesaron 437 kilogramos de marihuana. En ese momento se logró la detención de Vedoy y Dávalos.
Prófugos
Antúnez de Lara se mantuvo en condición de prófugo con pedido de captura internacional durante un mes, hasta que lo atraparon el 30 de enero del 2017 en Eldorado. Circulaba en un Fiat Duna azul junto a otras dos personas, por quienes se determinó que no tenían que rendir cuentas ante la Justicia y horas más tarde fueron puestos en libertad. Al parecer, antes se había refugiado en Brasil.
A Kawalec, en tanto, lo atraparon en Colonia Esperanza, un paraje de San Antonio en junio de ese año. Los pesquisas pensaban que se había ido al Sur del país, pero unos informantes lo ubicaron en la zona cuando fue a la kermés de una iglesia católica en la ruta 101. Estaba haciendo las labores de su chacra cuando lo abordaron los efectivos de la PFA.
Un procedimiento similar, que contó también con la intervención de la Policía de Misiones, permitió atrapar a De Acevedo, quien volvió a su chacra en agosto de 2017 y retomó la rutina diario hasta que lo aprehendieron. Se consideró que el hombre nunca fue nombrado en las escuchas por los otros integrantes y por eso recibió una pena menor.
Sobre Walter Antúnez de Lara, oportunamente El Territorio informó -en base investigadores policiales, compañeros de trabajo, funcionarios y vecinos- que se trataba de una persona muy conocida en la localidad, quien desempeñaba funciones en la municipalidad local. Las fuentes expuestas expresaron que incluso que participó activamente en la campaña que erigió a Guillermo Fernández como intendente y que se desempeñaba en la administración de la comuna por “compromiso político”. En ese momento se conoció que había sido etiquetado en varias publicaciones y fotos del Facebook oficial de la Municipalidad, entradas que él mismo compartió en su cuenta de la red social. También circularon muchas fotos con el jefe comunal. Sin embargo, en un comunicado, desde la comuna expresaron que “la persona que fue detenida no es empleado municipal ni lo fue en esta gestión”. La misiva agregó que Antúnez de Lara “venía hasta la municipalidad en razón del empleo de su hermano y era uno más de los tantos que acuden al edificio municipal, sin que este Ejecutivo tenga conocimiento y/o afinidad”. Un dato que no pasó desapercibido nuevamente en la víspera es que durante el proceso, Antúnez de Lara manifestó que que trabajaba como “empleado”.
