Hace unos días, detectives de la Policía Federal Argentina desbarataron una organización dedicada al contrabando de celulares, repuestos, accesorios y otros artículos electrónicos, y detuvo a 21 personas en las provincias de Misiones, Santa Fe y Buenos Aires. Entre los arrestados hubo tres aduaneros de Puerto Iguazú. Ahora se supo con certeza cómo operaba la banda y los roles que tenían sus múltiples integrantes.
La investigación se inició -en el mes de febrero del año 2017- durante un control vehicular realizado en Zárate, donde se secuestró una mochila con varios teléfonos celulares, oculta en la cabina de un micro de larga distancia procedente de Iguazú.
A raíz de ello, el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ordenó realizar tareas tendientes a establecer el origen del material incautado, su destino e identificar a los responsables del traslado del mismo desde su lugar de origen.
Por este motivo, los efectivos policiales efectuaron averiguaciones sobre los transportes de pasajeros con similares rutas de tránsito y se estableció que la mercadería -principalmente teléfonos celulares y otros artículos electrónicos- procedía de comercios mayoristas ubicados en la República del Paraguay. Esos productos iban al Brasil, para luego ingresar a la Argentina por el puente Internacional “Tancredo Neves”.
Tras profundizar las tareas de inteligencia en diferentes zonas del litoral del país, se constataron las maniobras de una organización criminal que accionaba a través de una persona “organizadora” de varios “paseros”. Asimismo, dentro de la misma se detectó la participación de funcionarios de la Aduana.
De acuerdo con la información recolectada, la mencionada “organizadora” coordinadamente con sus “paseros” ingresaba la mercadería al país y la enviaba a los clientes mediante sus “transportistas”, entre los cuales había choferes de ómnibus de larga distancia y camioneros, quienes trasladaban los productos hacia diferentes puntos donde eran recibidos por los “distribudores”. A su vez, estos los repartían a los “comerciantes” minoristas y mayoristas, en la ciudad de Rosario, localidades del norte de la Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal.
Con el resultado de lo investigado, el Juzgado interventor ordenó realizar 32 allanamientos en los domicilios y locales comerciales involucrados en las maniobras delictivas, procediéndose al secuestro de 18 automóviles y camionetas, 5 motocicletas, 1002 celulares, 5 máquinas de contar dinero, 22 play stations, 3 armas de fuego,128 municiones, 16.600 fundas, 2066 vidrios templados, 300 cargadores, 322 pantallas táctiles, gran cantidad de accesorios múltiples, 916.745 pesos, 112.426 dólares, 13.141 Reales, 400.000 Guaraníes y 800 Euros.
El valor total de mercado de los elementos incautados ronda los 85.000.000 de pesos.
