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En Corrientes condenaron a penas de entre 8 y 10 años de prisión a tres mujeres y un hombre por trata de personas agravada

En concordancia con lo solicitado en sus alegatos por el Fiscal General ante el TOF de Corrientes, Carlos Schaefer y la Auxiliar Fiscal, Gabriela López Breard, el Tribunal Oral Federal de dicha jurisdicción condenó a tres mujeres y un hombre a penas de entre 8 y 10 años, al encontrarlos responsables del delito de trata […]

📅 11 de mayo de 2018 | 🕒 Lectura: 5 min
En Corrientes condenaron a penas de entre 8 y 10 años de prisión a tres mujeres y un hombre por trata de personas agravada

En concordancia con lo solicitado en sus alegatos por el Fiscal General ante el TOF de Corrientes, Carlos Schaefer y la Auxiliar Fiscal, Gabriela López Breard, el Tribunal Oral Federal de dicha jurisdicción condenó a tres mujeres y un hombre a penas de entre 8 y 10 años, al encontrarlos responsables del delito de trata de personas agravada, en perjuicio de dieciocho mujeres a las que explotaban sexualmente en tres prostíbulos de la localidad correntina de Mercedes. Además, otra de las imputadas resultó absuelta, se ordenó el decomiso de los tres inmuebles donde funcionaban los locales.

De este modo, los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni condenaron a Claudette Krewer Ramos a la pena de 10 años de prisión y costas como coautora del delito de trata de personas agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser las víctimas más de tres, por haberse consumado la explotación y ser una víctima menor de 18 años y, como autora por ser una víctima afín en línea colateral –se trataba de su sobrina-.
Por su parte, María Yolanda Casco, Sandra Beatríz Cerri y su pareja, Ismael Piñero, fueron condenados a la pena de 8 años de prisión y costas como coautores del delito de trata de personas agravada por mediar abuso de una situación de vulnerabilidad, por ser las víctimas más de tres y haberse consumado la explotación. Además, Mirian Alejandra Cáceres resultó absuelta.
También, y de acuerdo a lo solicitado por la fiscalía, el Tribunal decomisó los inmuebles donde funcionaban los locales “Casanova”, “El Tango” y “Capricho” y el dinero encontrado en los procedimientos donde fueron liberadas las víctimas. Por otra parte, y a instancias de la fiscalía, se extrajeron testimonios para que la justicia federal de Paso de los Libres profundice la investigación respecto a las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos que permitieron el funcionamiento de los establecimientos.

La investigación
En el año 2014, la Fiscalía Federal de Paso de los Libres dio curso a una denuncia que daba cuenta que en los locales “Casanova”, “El Tango” y “Capricho”, de la ciudad de Mercedes, había mujeres sometidas a explotación sexual. En virtud de ello, a pedido de la fiscalía, el Juzgado Federal de Paso de los Libres encomendó a la Gendarmería Nacional una serie de allanamientos que culminaron con la liberación de 18 mujeres –entre ellas una menor de edad-.
Así, en el local “Casanova” se rescató a cuatro mujeres y se detuvo a Casco y Cáceres –dueña y encargada del local, respectivamente-; en “Tango” fueron liberadas 10 mujeres y se aprehendió a Cerri y Piñero; mientras que en “Capricho” otras cuatro mujeres fueron rescatadas y el fallecido Juan Carlos Ojeda, detenido.
El caso terminó investigado por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y el fiscal federal subrogante de Paso de los Libres, Fabián Martínez –quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) que coordinan sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano- y recientemente se elevó la investigación al Tribunal Oral de Corrientes.

El debate
En su alegato, el fiscal general Schaefer y la auxiliar fiscal Gabriela López Breard, señalaron que el cabaret “Tango Bar” era propiedad de Cerri, quien lo explotaba junto a Piñero; que Casco era la dueña de “Casanova Bar” y Cáceres la encargada del mismo, mientras que Krewer Ramos era la propietaria de “Capricho Whiskería” desde 1994. Además, describieron cómo funcionaban los locales allanados: “tenían el sistema de ‘copas’ como preliminar al sistema de ‘pases’ (que implicaba mantener relaciones sexuales con los clientes) y los imputados se beneficiaban económicamente con ambos rubros” y agregaron que “las mujeres fueron objeto de esta forma de explotación bajo el modo de cobro sobre lo que el cliente pagaba, así como también del uso de mecanismos de control, tales como el uso de pulseras para contabilizar las ‘copas’ y ‘pases’.
También, los representantes del Ministerio Público Fiscal hicieron hincapié en que los encausados se beneficiaron económicamente de las mujeres “aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las mismas, de su escaso nivel social y cultural, su bajo nivel de instrucción, la necesidad económica que padecían muchas de ellas debido a la obligación de mantener a sus hijos menores, la condición de migrantes internas y externas para llegar al lugar que también contribuye a profundizar la vulnerabilidad al alejarse de su círculo de origen, y ante la falta de oportunidades las víctimas antes las limitadas posibilidades reales de decidir autónomamente, ingresaron a la prostitución”.
Asimismo, en su alegato el fiscal general Schaefer señaló como agravante de la conducta imputada “el contexto generado para ejercer violencia de género sobre las víctimas”.
En su sentencia, el Tribunal Oral Federal de Corrientes recogió los argumentos vertidos por fiscalía en su alegato y condenó a los Krewer Ramos, Casco, Cerri y Piñero, mientras que Cáceres fue absuelta. Además se extrajeron testimonios para profundizar la investigación respecto de eventuales funcionarios públicos involucrados y se dispuso el decomiso de los tres inmuebles donde funcionaban los prostíbulos y el dinero encontrado en los allanamientos. Asimismo, se difirió la lectura de los fundamentos de la sentencia para el próximo 16 de mayo a las 12 hs.