Seis gendarmes fueron condenados a penas de entre 8 y 12 años de prisión por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, que los halló culpables de formar parte de una organización que cobraba coimas a empresas que trasladaban a comerciantes para realizar tours de compras, informaron hoy fuentes judiciales.
Voceros del Ministerio Público de Salta informaron que la principal condena recayó sobre el oficial de la Gendarmería Nacional del Escuadrón 45 Ricardo Antonio Gil, quien fue sentenciado a 12 años de prisión por resultar autor del delito de “asociación ilícita, en calidad de jefe y organizador, en concurso real con concusión”.
Además de la pena de prisión, la Justicia dispuso que Gil reciba una inhabilitación perpetua para ejercer sus funciones en la fuerza y que pague una multa de 777.082 pesos, tal como había solicitado en sus alegatos el fiscal general Carlos Amad.
En tanto, los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y Marta Liliana Snopek condenaron a 10 años de prisión, también por el delito de “asociación ilícita pero en calidad de miembro, en concurso real con concusión”, a los gendarmes Federico Andrés Báez, María Cristina Luján y Guillermo Damián Tillería, mientras que Sofía Yanina Suárez recibió 8 años por los mismos delitos.
Por otra parte, y también a pedido de la fiscalía, los jueces condenaron al subálferez Roque Gonzalo Luján a ocho meses de prisión condicional e inhabilitación por dos años para desempeñarse como funcionario público, por ser considerado autor del delito de violación de secreto, en grado de tentativa.
Al igual que Gil, y con excepción de Suárez, los otros gendarmes condenados fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos y deberán afrontar el mismo monto de multa.
Un séptimo integrante de esa fuerza, identificado como Roberto Juan Bautista, resultó absuelto por el beneficio de la duda.
El fiscal señaló que los integrantes de esta organización solían interceptar los vehículos o colectivos de los distintos tours de compras, y en función de la carga que llevaban establecían el monto en dinero u otra dádiva.
En otro tramo del veredicto, los jueces resolvieron condenar a dos años de prisión condicional por el delito de encubrimiento, en calidad de autor, a Gisel Paola Gil, hermana del principal condenado.
La misma pena le recayó a Leonardo Torres, pareja de Luján; Emanuel Fernando Cruz, cabo del Servicio Penitenciario de la provincia; y Adela Fleita, madre de los hermanos Gil.
Amad indicó que, tanto Gisel Gil como su madre, conocían las maniobras desplegadas por el oficial condenado, y precisó que Fleita, incluso, administraba y coordinaba el dinero que le enviaba su hijo.
Sobre Cruz y Torres, parejas de Suárez y Luján respectivamente, la fiscalía sostuvo que no solo estaban al tanto del accionar ilícito, sino que también incentivaban la continuación de la actividad delictiva desplegadas por la organización.
Finalmente, y además de imponer reglas de conducta a los acusados que recibieron penas de ejecución condicional, el tribunal, tal como lo pidió la fiscalía, ordenó el decomiso de diez teléfonos celulares, una computadora, una bicicleta, dos aires acondicionados portátiles, un secarropa, dos consolas de juego, un horno microondas, un televisor Led de 55 pulgadas, un monitor Led de 21,5 pulgadas, una impresora, una heladera, una motocicleta de 250 centímetros cúbicos y un automóvil Renault Megane.
A ello se agregó la suma de 388.541 pesos, dinero que, al igual que los bienes ya mencionados, fueron secuestrados en allanamientos realizados a lo largo de la investigación del caso, desarrollada por el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta.
El caso se inició el 27 de enero de 2017 por la Fiscalía Federal 2 y llegó a juicio el 15 de julio del año pasado, tres meses después de iniciada la pandemia, lo cual generó diversos contratiempos que fueron subsanados a partir de la aplicación de protocolos sanitarios.
Fuente: Agencia de Noticias Télam.
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