El cura, actualmente condenado a 15 años de prisión por el abuso sexual de dos menores, manifestó su intención de ser «útil para la sociedad» durante el proceso. No obstante, los jueces determinaron prolongar su estancia en la cárcel, desestimando sus declaraciones. La pena impuesta finalizará en mayo de 2028, evidenciando la gravedad de los delitos cometidos y el compromiso del sistema judicial en la protección de las víctimas.
El sacerdote Julio César Grassi, quien cumple una condena de 15 años de prisión por el abuso sexual de dos menores que estaban bajo su cuidado en la Fundación Felices los Niños, no pudo convencer a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Morón y su pedido de salir en libertad fue rechazado.
Después de escuchar a Grassi, que como abogado se representó a sí mismo, al titular del Ministerio Público Fiscal y al abogado Juan Pablo Gallego, que representa a las dos víctimas, los magistrados resolvieron que permanezca en prisión.
Grassi habló desde una oficina de la cárcel de Campana, donde cumple su condena, en una audiencia que comenzó pasadas las 11 de la mañana. Durante su defensa repasó que su hermano y su cuñada se harán cargo de él en caso de salir libre, y que otro hermano se hará cargo de sus gastos. Pero a poco de empezar a hablar, el tribunal accedió a darle un breve cuarto intermedio de «diez minutos» para reordenarse, ya que él creyó que tenía que hablar al final del acto.
Al reanudarse, insistió: «Soy inocente». Y advirtió que hará una «acción de revisión» de la sentencia que lo llevó a la cárcel. Además, expuso que hizo un nuevo proyecto de vida. «Tienen que estar tranquilos de que yo voy a ser útil para la sociedad», dijo
El abogado Gallego en declaraciones al medio LN+ consideró que «la audiencia fue más contundente de lo pensado. Grassi mintió, se declaró inocente y dijo que no tenía nada de que arrepentirse», y añadió: «Hoy vimos en vivo a un monstruo. Ya lo dijeron los peritajes. Se comprobó que es la misma persona agravada, que su palabra es la única que vale. En 2028 la Argentina va a tener que debatir si hay lugar para liberar a un mostruo y bajo qué condiciones, aun cuando cumpla la pena».
