Vetó la creación de zonas aduaneras especiales. Un compromiso que había asumido con los misioneros. El mismo que al final se extendió a otras provincias
El presidente Albero Fernández vetó la creación de las zonas aduaneras especiales, que contemplaba beneficios impositivos para las provincias limítrofes con países vecinos, y ahora el gobierno de Misiones reclamaría la postergada aplicación del artículo 10 de la Ley Pyme.
La norma reflotada tras el incumplimiento del gobierno nacional, lleva el número 27.264 y fue sancionada a mediados de 2016 como “programa de Recuperación Productiva”, pero nunca fue reglamentada a pesar de la insistencia de los misioneros.
El planteo surgió ante la decisión de Fernández de considerar que las zonas aduaneras especiales, como figura en artículo 123 el Presupuesto 2021 que fue sancionado por el Congreso Nacional, no resultan aplicables por “las limitaciones y condiciones previstas en el artículo 2°” de la norma que regula la creación de las mismas.
Remarcó que “la creación de zonas francas y áreas aduaneras especiales en gran parte del territorio argentino no resulta aconsejable en tanto significa una inestimable caída de la recaudación dada la consecuente merma de las transacciones comerciales, las producciones locales y el consiguiente impacto desigual en las economías regionales”.
La decisión del mandatario está contenida en el decreto 990/2020 y según el diputado nacional por el macrismo, Luís Pastori, y se conoció el viernes a la noche, según contó en forma exclusiva al diario Primera Edición.
Si bien no hubo pronunciamientos del Gobierno provincial acerca de la sorpresiva postura del mandatario, se supo que el malestar en el seno del Frente Renovador fue inocultable, al punto de iniciar una revisión de las relaciones con la Nación.
El giro que podría instrumentarse desde la provincia, según se manejaba hasta la noche del domingo, incluiría una protesta formal y el estudio de una nueva estrategia en el ámbito legislativo, donde la administración de Fernández no llega a la mayoría propia.
Por ahora, como contrapartida, las gestiones que comenzaron a delinearse desde el Gobierno provincial entre el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, apunta a atender como sea el requerimiento económico, financiero y fiscal.
Con ese fin, dirigirán los objetivos hacia la reglamentación a cualquier precio del meneado y no reglamentado artículo 10 de la Ley Pyme, que establece:
“Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para implementar programas tendientes a compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera que este establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales, así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas”.
