El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que promuevan mensajes de odio o inciten a la violencia contra la Argentina, los argentinos o personas por su nacionalidad. La nueva normativa también alcanza a quienes participen o instiguen actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Además de incorporar esas conductas como causal para denegar el ingreso, la norma habilita a cancelar la residencia de extranjeros que las cometan y, según el caso, intimarlos a abandonar el país o disponer su expulsión. El texto aclara expresamente que no podrán encuadrarse en estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que en los últimos meses aumentaron “considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. Según el Ejecutivo, esas conductas representan “un riesgo para los ciudadanos” y vulneran el deber de respeto que deben observar los extranjeros que ingresan o permanecen en el país.
La Casa Rosada también argumentó que este tipo de manifestaciones “desnaturalizan el sentido de la política migratoria argentina” y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social”. En ese sentido, sostuvo que la incitación al odio o a la violencia puede generar consecuencias concretas sobre la integridad, la salud y los derechos de las personas.
Con ese fundamento, el DNU incorporó una nueva causal de impedimento de ingreso y permanencia en el artículo 29 de la Ley de Migraciones. El nuevo motivo consta de los mensajes de odio formulados de manera oral o escrita, la incitación a la violencia motivada por la nacionalidad argentina y la participación o instigación de actos de ultraje contra símbolos patrios.
Una disposición similar fue añadida al artículo 62 de la ley, que regula las causas por las cuales la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia otorgada. En esos casos, la decisión podrá conllevar la intimación a abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente la expulsión, para lo cual deberán considerarse las circunstancias personales y los hechos atribuidos al extranjero.
Para justificar la medida, el Ejecutivo citó un fallo de la Corte Suprema en el que se establece que toda nación soberana posee la facultad de prohibir el ingreso de extranjeros o admitirlos “bajo las condiciones que ella juzgue libremente prescribir”.
El decreto entrará en vigencia a partir de este viernes 31 de julio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial, y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar su dictamen al pleno de ambas cámaras para su tratamiento expreso dentro de un plazo de diez días hábiles.
La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de gabinete, Diego Santilli; y los ministros Pablo Quirno, Carlos Alberto Presti, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
Minutos después de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, la Oficina del Presidente difundió en su cuenta de X un comunicado, únicamente firmado por el Presidente, en el que ratificó la decisión. Allí, el Gobierno presentó la medida como una respuesta a las “recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos”.
“La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó.
La campaña “anti-Argentina” denunciada por el Gobierno
La decisión se conoció pocos días después de que distintas celebridades extranjeras publicaran críticas contra la selección argentina y el país, tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona. Tal como informó LA NACION, el Gobierno calificó esa sucesión de mensajes como una campaña “anti-Argentina” y Milei acusó a los gobiernos de Brasil y México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de participar en ella. El mandatario aseguró que “el 25% de los recursos utilizados” salió del gobierno brasileño.
Una de las declaraciones que más repercusión generó fue la del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien definió a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista” y pidió a la comunidad negra que no apoyara al equipo albiceleste. También se pronunciaron la actriz Mia Khalifa, el cantante irlandés Niall Horan y el escritor español Arturo Pérez-Reverte, mientras que Rosalía pidió disculpas después de compartir una publicación contra los hinchas argentinos.
El portavoz presidencial, Adrián Ravier, avaló posteriormente la existencia de la campaña, pero la describió como una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario. “Todas aquellas personas que desde Hollywood, España y cualquier parte del mundo hablen de la Argentina como un país racista claramente desconocen nuestra historia”, sostuvo.
Las acusaciones se produjeron, además, en medio de una crisis diplomática entre la Argentina y Brasil. El conflicto se abrió después de que Milei calificara a Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario” durante el acto que erigió a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de la derecha en las próximas elecciones brasileñas.
Como respuesta, el gobierno de Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle su repudio.
Bitelli se reunió este miércoles con el canciller Mauro Vieira y con Lula, tras lo cual Brasil decidió mantenerlo temporalmente en territorio brasileño mientras continúa evaluando la relación bilateral.
Fuente, La Nación.
