El Gobierno nacional decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras Rurales (26.737), luego de comprobar que no contaba con los votos suficientes para su aprobación en el Senado.
La decisión fue tomada en la antesala de la sesión prevista para este jueves y se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos políticos y de la pérdida de apoyo de legisladores que responden a gobernadores considerados cercanos a la administración de Javier Milei.
La encargada de comunicar la marcha atrás fue la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, tras una reunión con integrantes de la denominada oposición dialoguista. El objetivo del Ejecutivo es preservar el resto del paquete de reformas impulsado por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, que incluye cambios en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
Entre los mandatarios provinciales que manifestaron su rechazo a la flexibilización de la Ley de Tierras se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. La postura de estos gobernadores terminó debilitando el respaldo legislativo que necesitaba el oficialismo para avanzar con la iniciativa.
En el caso de Misiones, el senador Carlos Arce confirmó públicamente que votaría en contra de las modificaciones propuestas. A través de un comunicado, sostuvo que su decisión responde a la necesidad de resguardar la soberanía sobre los recursos estratégicos, el ambiente y el interés público, al tiempo que expresó su apoyo a las inversiones productivas dentro de un marco de seguridad jurídica.
El capítulo finalmente retirado proponía flexibilizar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre las modificaciones previstas figuraban elevar del 15% al 25% el límite de propiedad extranjera sobre tierras rurales, eliminar restricciones a nivel municipal y departamental, permitir que un mismo titular extranjero pudiera superar el límite actual de hectáreas y suprimir los cupos establecidos por nacionalidad.
La propuesta original incluso contemplaba eliminar por completo las restricciones a la adquisición de tierras por parte de ciudadanos y capitales extranjeros, aunque posteriormente había sido modificada durante la negociación parlamentaria.
Pese a retirar ese apartado, el Gobierno mantiene el resto del proyecto, que propone acelerar los procesos judiciales para desalojos de inmuebles ocupados, modificar el régimen de expropiaciones y reformar la Ley de Manejo del Fuego. En este último punto, la iniciativa busca eliminar las limitaciones incorporadas en 2020 que impiden cambiar el uso o comercialización de terrenos afectados por incendios durante períodos de hasta 60 años.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca garantizar el tratamiento del resto de las reformas, dejando para más adelante el debate sobre los cambios en la legislación que regula la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.
