Los efectivos policiales Aníbal Aldo Gabriel Villalba, de 36 años, y Luis Albino Rotela, de 44, están en juicio en el Tribunal Penal 2 de Posadas. Ambos enfrentan múltiples acusaciones relacionadas con la trágica muerte de la docente Mirta Carmen Rosa, de 47 años, cuyo cuerpo sin vida fue descubierto en el barrio Los Potrillos de Garupá el 14 de febrero de 2013.
El Tribunal Penal 2 está compuesto por los jueces Gregorio Augusto Busse, César Antonio Yaya y Fernando Luis Verón. Este último actúa como segundo vocal subrogante, ya que Carlos Jorge Giménez, quien es camarista de este tribunal, se inhibió debido a su participación en el expediente durante su etapa de instrucción.
La acusación estará a cargo del fiscal Vladimir Glinka, quien presentará los cargos contra los acusados. El oficial Aldo Daniel Villalba enfrenta acusaciones por «incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona agravado por el resultado de muerte en concurso ideal y falsificación ideológica de instrumento público en concurso real».
Por su parte, el sargento Luis Albino Rotela es considerado responsable de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte en concurso ideal».
Los hechos se remontan al 14 de febrero de 2013, cuando vecinos del barrio Los Potrillos encontraron el cuerpo sin vida de Rosa cerca de una cancha de fútbol. La víctima, una docente que enfrentaba problemas mentales, había sufrido golpes mortales, según la autopsia.
Posteriormente, el juez de Instrucción Seis, Ricardo Balor, ordenó la detención de los policías Villalba y Rotela, quienes habían tenido el último contacto conocido con la mujer y prestaban servicios en la comisaría Quinta.
El juez Balor inicialmente procesó a los policías por el delito de «homicidio», creyendo que habían golpeado a la docente. Sin embargo, tras una apelación de la defensa, el Tribunal Penal Uno revocó la decisión y cambió la calificación del caso a «incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado».
El expediente pasó al entonces juez de Instrucción José Alberto López, quien determinó la liberación de los policías y modificó la acusación, incluyendo la imputación de «falsedad ideológica» contra Villalba por supuestamente proporcionar información falsa en la instrucción del sumario policial.
El caso ha sido marcado por una serie de eventos dramáticos, incluido un episodio en el que el padre del oficial Villalba desafió la custodia de la Casa de Gobierno, subiéndose a una antena y amenazando con lanzarse si no liberaban a su hijo. Finalmente, después de una negociación, el padre depuso su actitud.
